El principal investigado por el espionaje que sufrió el fundador de Wikileaks Julian Assange durante su estancia como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, el empresario jerezano David Morales, ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no es cierto que saliera de España en marzo en dirección a Lisboa saltándose así las medidas cautelares que pesan sobre él.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican no obstante que desde la Audiencia Nacional se ha deducido testimonio para saber si Morales ha incurrido en un delito por quebrantamiento de esas medidas cautelares, toda vez que tiene prohibido salir del territorio nacional.
La declaración de Morales se producía después de que este domingo se conociera que el 8 de marzo habría sido interceptado por la policía lusa cuando intentaba llegar a Lisboa, según avanzaba El Mundo.
Pero su comparecencia de este lunes, que se ha realizado por videoconferencia, tenía relación con la ampliación de la querella de una de las partes perjudicadas. En la misma, el fiscal del caso ha solicitado que Morales acuda a firmar al juzgado con mayor frecuencia, mientras que la acusación ha interesado prisión provisional.
Sin embargo, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, que heredó la causa del anterior instructor José de la Mata, ha decidido mantener las comparecencias 'apud acta' tal y como estaban previstas, por lo que el investigado deberá seguir acudiendo al juzgado con una periodicidad mensual.
UNDERCOVER GLOBAL
Morales es el propietario de la empresa Undercover Global, adjudicataria del contrato para gestionar la seguridad de esa legación consular ecuatoriana entre 2015 y 2018 y que, según la querella presentada por Assange contra él, habría aprovechado esa circunstancia para espiarle y vender la información a servicios de inteligencia estadounidenses y ecuatorianos.
En concreto, el juez investiga si Morales habría "invadido la intimidad" de Assange mediante "la instalación de micrófonos ocultos y otros medios", como convertir el circuito cerrado de cámaras de seguridad en dispositivos de captación de imagen y audio, tal y como apuntaría la documentación de la empresa que la defensa del activista ha aportado a la Audiencia Nacional.
Tras admitir a trámite la querella, la Audiencia Nacional acordó en septiembre de 2019 la detención de Morales, que tras pasar a disposición del magistrado fue puesto en libertad con prohibición de abandonar España y obligación de comparecer en sede judicial dos veces por semana. Esa medida cautelar se relajó más adelante.
Está imputado por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, blanqueo de capitales, cohecho y tenencia ilícita de armas. En el registro de su domicilio se intervino documentación relativa a sus contratos con la Embajada de Ecuador, dinero en efectivo, soportes informáticos y dos armas de fuego con el número de serie borrado.
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