La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (Asaja-Cádiz) ha denunciado la aprobación en el Consejo de Ministros celebrado ayer del Real Decreto, publicado hoy, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común (PAC) en España.
“Primero, por las formas, porque no han atendido ni las alegaciones de ASAJA ni de ninguna otra asociación agraria: la han aprobado sin diálogo, y sin escuchar a nadie”.
El espíritu de la norma, que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, permite continuar con la aplicación de la PAC durante este año y el próximo, hasta que se apruebe definitivamente en la Unión Europea la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
“El Gobierno ha convertido en un puente volado lo que debería haber sido una transición hacia la PAC, porque no es una transición: es una reforma brutal”, sostienen desde la asociación, quienes indican además que el documento “dinamita el sector agrario” y que es “la puntilla” para los agricultores.
“Es tan inconcebible e increíble que lo cierto es que tiene bastante mérito que haya logrado poner de acuerdo a todas las asociaciones agrarias para rechazar al unísono un mal llamado documento ‘de transición’ que es un hachazo a todo: al diálogo, al consenso, a la economía y a cualquier planificación. En resumen, es una cacicada”.
Para Asaja-Cádiz es incomprensible que las medidas introducidas en el documento “no se hayan planificado para que los agricultores conozcan previamente los cambios y puedan organizarse. Esto es un atropello en toda regla de un Gobierno que presume de diálogo y hace justo lo contrario, no atender a nadie”, sostienen desde la asociación.
El Gobierno ha actuado “con rapidez, privando a los agricultores de conocer la normativa para planificar siembras y producciones en función de las ayudas, con lo que van a verse recortadas para esta campaña”.
Desde Asaja-Cádiz afirman que “supone un recorte brutal en el valor de los derechos que machaca al campo y que va más allá de lo exigido por Bruselas”.
En el Gobierno “hay pocas ganas de sentarse y trabajar entre todos, porque las alegaciones presentadas -y rechazadas- eran plausibles y permitían un amplio margen de maniobra hasta 2023”.
La organización entiende que a partir de ahora al Gobierno y al Ministerio de Agricultura “no les vale el comodín que tienen para todo de escudarse en Bruselas”. “No pueden decir que ha hecho lo que indica la Unión Europea para España, porque la UE no obliga a una convergencia acelerada de los derechos de pago básico”, subrayan.
En definitiva, Asaja-Cádiz entiende que con esta actuación se pone de manifiesto que al Gobierno le “vale todo” con tal de “mantenerse en el poder”, incluso “asestar el mayor hachazo de la historia a la agricultura andaluza y gaditana”.
“Y esto es sólo el aperitivo. El plato principal es el que ya tienen cocinado a espaldas del sector y que nos servirán el 1 de enero de 2023: la Reforma de la PAC de Luis Planas, aquel que predicaba una cosa de Consejero andaluz y ahora justo lo contrario cuando es ministro”, advierten.
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