El tiempo en: Andalucía
Martes 09/03/2021

Jerez

El Ayuntamiento de Jerez denuncia a dos empleados por acceder a documentos municipales

El Gobierno pondrá el caso en manos de la Justicia después de que los funcionarios que debían instruir los expedientes hayan renunciado por presiones sindicales

Publicidad Ai
  • Laura Álvarez, en rueda de prensa.

El Ayuntamiento de Jerez ha decido denunciar ante la Justicia a dos empleados municipales que desde 2017 habrían accedido a expedientes y documentos municipales sin la pertinente autorización.

El Gobierno local adopta esta determinación después de que los funcionarios a quienes se había encargado la instrucción de dos expedientes disciplinarios hayan presentado su renuncia como consecuencia de las presiones que venían sufriendo por parte de los representantes sindicales.

Según ha explicado en rueda de prensa la teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez, la “alerta” surgió a finales del pasado mes de agosto, tras tenerse conocimiento de la “fuga” de expedientes de Urbanismo “fuera de la red” informática del propio Ayuntamiento.

A partir de ahí se iniciaron los trabajos encaminados a identificar el origen de esa fuga, que se localizó en los ordenadores de los dos empleados expedientados, una de ellas delegada sindical de CSIF e integrante de la candidatura con la que el PP concurrió a las elecciones municipales de 2019.

Estos trabajos, que fueron corroborados posteriormente por un perito informático externo, determinaron que desde 2017 ambos empleados se habrían dedicado a acceder al sistema informático municipal para visionar “expedientes y documentos de todo tipo”.

Para ello, la delegada sindical de CSIF utilizó la clave del otro trabajador expedientado.

En total se han detectado “más de 4.500 accesos indebidos” a expedientes y documentos municipales que no guardaban relación con el desempeño profesional de estos empleados.

En concreto, en este periodo de tiempo se habrían consultado “más de 1.500 expedientes” relacionados con el área de Urbanismo, contabilizándose también “más de 2.800 accesos” al registro municipal y el visionado de “unos 140 informes” de intervención.

Según Laura Álvarez, los empleados habrían accedido incluso a procesos en curso de la Mesa de Contratación, lo que les permitió conocer el contenido de las ofertas que las empresas presentaban a las distintas licitaciones.

Con la apertura de los expedientes disciplinarios, el Gobierno local pretendía conocer el uso que se hizo de toda esta información, así como “con quién se compartió” y “para qué”, un trabajo que ahora quedará en manos de la Justicia.

La teniente de alcaldesa también se ha referido a una información publicada hoy en ‘El Mundo’ que alude a la apertura de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Jerez por el presunto pago de ‘sobresueldos’ a técnicos municipales.

Álvarez ha subrayado que esa denuncia parte del CSIF y que no es más que “una maniobra de distracción” para salvaguardar a su delegada sindical, ya que se presentó con posterioridad a la apertura del expediente disciplinario.

Además, la teniente de alcaldesa ha insistido en la idea de que “el CSIF en el Ayuntamiento de Jerez es el PP”, considerando de hecho que su delegada sindical es “la mano derecha” del portavoz popular Antonio Saldaña.

Reacciones políticas a unos hechos “muy graves”

En esta línea, el portavoz de Adelante Jerez y concejal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, consideró necesario “aclarar” si el PP y Saldaña están detrás de este “robo de datos” denunciado por el Gobierno local, unos hechos que calificó de “sumamente graves”.

Ruiz-Berdejo entiende que es preciso “llegar hasta el final” de este asunto y saber “qué información se consultó y con qué fin” se accedió a ella.

“Queremos tener claro si existe alguna relación entre el acceso indebido a esos documentos y el PP de nuestra ciudad, y de ser así qué uso se le ha estado dando a esa información”, subrayó el concejal de IU, que al igual que Álvarez recordó que una de las personas denunciadas “es miembro del PP, se presentó a las últimas elecciones y es persona de confianza de Antonio Saldaña”.

La portavoz de Ganemos Jerez, Kika González, destacó igualmente la “gravedad extrema” de los hechos que se han denunciado, “más aún” si se tiene en cuenta que una de las trabajadoras investigadas “iba en el número 11 de la lista del PP” en las pasadas elecciones municipales.

En cualquier caso, admite que una vez que se ha dejado el caso en manos de la Justicia “no queda más que esperar para ver si se prueban o no los hechos”.

El portavoz de Ciudadanos Jerez, Manuel Méndez, se mostró preocupado por la “brecha de seguridad” que a su juicio reconoce el Ayuntamiento en sus sistemas al denunciar el acceso no autorizado a sus expedientes.

El portavoz de la formación naranja defiende “el derecho fundamental de la presunción de inocencia” de los trabajadores hasta que no se demuestre lo contrario, incidiendo en el único hecho probado hasta ahora, y es que “hay información confidencial que ha sido mal salvaguardada”.

Méndez lamentó que el Ayuntamiento no tenga a día de hoy a un delegado en materia de protección de datos y teme incluso que la Agencia Española de Protección de Datos pueda abrir una actuación de oficio que derive en una sanción económica por permitir accesos no autorizados a datos “especialmente protegidos”.

El PP eludió pronunciarse sobre esta cuestión a pesar de que Laura Álvarez le relacionó en su rueda de prensa con los hechos que motivaron la apertura de los expedientes y el posterior traslado del caso a los tribunales.

El comité de empresa espera analizar el expediente

El presidente del comité de empresa, Ismael García (CGT), aseguró desconocer a mediodía de este miércoles los expedientes abiertos a dos empleados municipales a pesar de que este órgano de representación los solicitó el pasado viernes 11 de diciembre.

El comité mantiene la concentración prevista para este jueves ante el Consistorio y el viernes celebrará un pleno en el que analizará los últimos acontecimientos.

En cualquier caso, García acusó al Gobierno local de haber “traspasado” una “línea roja” al adoptar la determinación de denunciar a dos de sus trabajadores en los juzgados. 

 

COMENTARIOS