El eje viario en el que se incluyen la calle Corredera y la plaza Esteve se abrirá este viernes al tráfico seis meses después del inicio de las obras de reurbanización de todo este espacio, según avanzó este miércoles el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz.
Con los acerados ya prácticamente concluidos quedará pendiente la actuación en la calzada, sobre la que se extendió una capa de alquitrán hace un par de semanas con idea de evitar avenidas de agua.
Díaz recordó que en el proyecto de intervención en la calzada se introdujeron una serie de modificaciones para combinar el adoquín con el asfalto, siguiendo un modelo “muy parecido” al que se ha desarrollado en la ciudad de Cádiz.
“En esa modificación del proyecto se contempla más adoquín y poco más, ya que hay que mantener el espíritu de la obra porque se nutre de fondos europeos”, añadió.
En una entrevista emitida en el programa El Templete, de 7 TV Jerez, el teniente de alcaldesa se mostró además convencido de que los tribunales darán la razón al Ayuntamiento en el contencioso que mantiene abierto con la Junta a propósito de este proyecto.
“No concibo que la Justicia no nos de la razón, porque hay jurisprudencia que nos ampara”, subrayó.
Además, insistió en la idea de que la Administración local es la competente para ejecutar una actuación de estas características dado que “el ciudadano le pide el arreglo de los acerados o de las calzadas al Ayuntamiento y no a la Junta”.
Pregunta parlamentaria
Mientras tanto, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, defendió en el Parlamento el papel del Gobierno autonómico, respondiendo así a una pregunta formulada por el PSOE.
Del Pozo insistió en la idea de que estamos ante un problema de procedimiento que el Ayuntamiento ha judicializado al presentar un recurso ante el TSJA. Así, la consejera aseguró que la Comisión Provincial de Patrimonio debe ser informada de una actuación que implica demoliciones que afectan a un bien protegido, como es el centro histórico.
“Lo único que tenía que hacer el Ayuntamiento era llevar la documentación a la comisión provincial. Estamos ante un problema competencial”, subrayó.
A partir de ahí, entiende que el Gobierno local optó por la “vía de la confrontación y del enfrentamiento a través de los tribunales y los medios de comunicación”.
“Esa actuación debió pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio, porque la municipal no tiene esas competencias. Eso no se le podía permitir ni a Jerez ni a ningún otro municipio. Tienen que respetar las leyes”, añadió.
Según Del Pozo, al Ayuntamiento se la ofreció “todo” y a pesar de eso optó por acudir a los tribunales, lo que de algún modo impide un acuerdo al margen de la Justicia.
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