La avalancha de parques solares proyectados en la provincia de Cádiz ha hecho saltar las alarmas de colectivos medioambientalistas y ecologistas. Según los datos aportados por la periodista Raquel Benjumeda en un reciente artículo publicado en www.horsepress.es, está pendiente de tramitación un centenar de proyectos que instalarán paneles fotovoltaicos en una extensión de 25.000 hectáreas y con una producción de 12.000 megavatios.
El Ministerio de Transición Ecológica ha enviado a la Junta instrucciones sobre los principales impactos ambientales asociados a estas instalaciones y medidas imprescindibles para autorizar las plantas de energía solar, como la búsqueda de suelos alternativos a los terrenos que coinciden con los hábitats de avifauna esteparia en regresión. Pero la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está dando luz verde, sostiene Benjumeda.
La sociedad Desarrollos Renovables Eólicos Solares S. L, perteneciente al grupo Acciona, promueve la construcción de siete plantas fotovoltaicas en Tahivilla, Tarifa, compartiendo instalaciones de evacuación con parques eólicos en fase de operación y mantenimiento. Un auténtico despropósito para Francisco Montoya porque, advierte, Acciona ocupará todo un pasillo migratorio entre dos parques naturales, El Estrecho y Los Alcornocales, Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Espacios protegidos de la Red Natura 2000 (UE), que afectará numerosas especies amenazadas, como alimoches o el ave que da nombre al Colectivo Ornitolígico Cigueña Negra, de la que es en la actualidad coordinador de Proyectos y voluntario ambiental.
“No estamos en contra de este tipo de energía, al contrario, pero sí de la ubicación de las plantas”, puntualiza. “Las placas solares alteran las corrientes térmicas, de manera que aves y también murciélagos no podrán volar o volarán más bajo, lo que incrementará el número de impactos”, explica, disparando la mortandad en el entorno. Los aerogeneradores se han cobrado ya casi un millar de animales. Concretamente donde se prevén las plantas fotovoltaicas, en el Cortijo Iruelas y La Herreria, han muerto 439.
La Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda) también ha alertado sobre dos proyectos en Medina, otros dos en Alcalá de los Gazules y uno más en Vejer. Mariano Maestu, representante de la organización, expresa su preocupación por la amenaza a la biodiversidad de este fenómeno tal y como se está desarrollando.
Por una parte, indica que “la instalación fotovoltaica debe compatibilizarse en todo caso con la conservación de la biodiversidad y los usos tradicionales, como el pastoreo controlado y en especial permitir la recolección de espárragos, tagarninas o caracoles por parte de la población local que desde tiempo inmemorial ha estado realizado estas labores”.
Por otro lado, defiende el mantenimiento de zonas con especies silvestres de interés para la conservación de especies polinizadoras, la instalación de zonas de refugio y cría, por ejemplo para aves escasas o de especial interés como el aguilucho cenizo, cernícalo, rapaces o murciélagos, y el aprovechamiento de algunas parcelas para la ganadería extensiva.
En este sentido, teme que la comarca pierda actividad agropecuaria por el uso de suelos para fines industriales y cita estudios como el llevado a cabo por Sergi Saladié, profesor de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, quien sostiene que la energía renovable “no fija población, sino lo contrario”, y tampoco crea puestos de trabajo.
Saladié analizó la repercusión en censo y en empleo de las 43 centrales eólicas en funcionamiento, con 812 aerogeneradores diseminados por 43 municios catalanes. En sus conclusiones apunta que el porcentaje de trabajadores eólicos empadronados en estas localidades representa únicamente el 0,7% y entre 2008 y 2018 la comarca de la Terra Alta, en la que se concentra especialmente la actividad, ha perdido el 10,7% de la población, siendo la comarca de Cataluña con mayor porcentaje de pérdida demográfica en ese periodo.
Maestu advierte de la gran burbuja de proyectos renovables en España después de que el Gobierno socialista anunciara el cierre de todas las centrales térmicas de carbón. De hecho, Red Eléctrica de España (REE) afronta actualmente el proceso de planificación de inversiones para el periodo 2021-2026 y tramita los permisos de acceso a la red. Las peticiones de los promotores exceden en mucho las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030: REE habría concedido permiso de acceso a proyectos renovables que suman 81,8 gigavatios, muy por encima de los 50 de incremento previsto para los próximos diez años.
“Hay empresas que están pidiendo licencia sin intención de instalar nada”, afirma. El objetivo es especular. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha declarado que “existe el riesgo de que algunos de los titulares de estos permisos no tengan interés real en el desarrollo y puesta en marcha de las instalaciones, sino en obtener un beneficio con la transmisión de los permisos”. Para los ayuntamientos, por otro lado, la proliferación de las plantas fotovoltaicas es una fuente de ingresos a la que no parece que vayan a renunciar.
“Pedimos una moratoria”, explica el portavoz de Analajanda. Equo Cádiz Verdes reclama igualmente un plan integral para la implantación de paneles solares. Rosmarie Hennecke, miembro de la formación, lamenta que “el actual Gobierno autonómico vuelve a cometer los fallos de los antecesores” al no tener en cuenta “la combinación de las infraestructuras realizadas y las pretendidas, necesaria e implícita por las directivas ambientales europeas”. Y plantea algunas otras alternativas como la que ofrece un reciente análisis realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad: España podría tener capacidad para desplegar de aquí a 2025 hasta un millón de paneles solares en tejados, lo que supondría la instalación de 17.603 hectáreas, que podrían producir hasta 15.400 gigawatios, con los que se podría abastecer a una población de 7,5 millones de personas.
El responsable de Cigüeña Negra da por buenas todas estas ideas, pero recuerda que “el megavatio más verde es el que no se consume” y aboga por llevar a cambio todos las modificaciones normativas necesarias y se apueste por incentivos para un consumo eficiente y responsable de energía.
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