Medio centenar de asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) de otros tantos centros públicos de la ciudad de Jerez han advertido ya de que sus hijos no asistirán a clase en caso de que la Junta de Andalucía no garantice su seguridad.
Estas organizaciones, integradas a su vez en la Federación local de asociaciones de padres y madres de alumnos (Flampa) de Jerez, se han unido para “exigir” a la Consejería de Educación de la Junta que “deje de eludir responsabilidades ante la inminente vuelta a las aulas”, mostrándose preocupadas “por la salud e integridad” de los escolares, así como “de toda la comunidad educativa”.
Las Ampas dejan claro que “nadie” puede “amenazarles” ni decirles qué tienen que hacer con sus hijos e hijas “sin dar unas soluciones adecuadas a estos momentos tan difíciles”.
Tanto la Flampa como las Ampas firmantes reclaman “instrucciones claras y concisas”, ya que entienden que “las que se han presentado hasta ahora eluden toda responsabilidad y descargan la organización y la toma de decisiones sobre los equipos directivos”.
Se defiende la “enseñanza presencial, pero siempre “en las condiciones de seguridad e higiene máximas” porque “es la única que garantiza una atención igualitaria para todo el alumnado”.
Al mismo tiempo se reclaman protocolos sanitarios “concretos y bien detallados” que reflejen “los distintos escenarios que pueden sucederse en el centro”.
También se pide “máxima coordinación con el centro de salud de referencia” mediante “la figura del sanitario Covid”.
De igual modo se exige una bajada de la ratio, dado que al estar las aulas “masificadas” se hace “imposible guardar la distancia de seguridad”.
La Flampa y las Ampas firmantes se oponen a la eliminación de líneas en la escuela pública, recordando que este curso se han suprimido 411.
Para ello es necesario un aumento de la plantilla docente, porque “es imposible afrontar el curso si no se incorporan más docentes y se cubren posibles bajas desde el minuto uno”.
Se da por hecho a este respecto que se producirán bajas de profesionales que pertenezcan a grupos de riesgo y se pregunta si esas sustituciones están ya previstas.
Se contempla la creación de la Comisión Específica Covid-19, integrada por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, la representación del Ayuntamiento y una persona del centro de salud de referencia. Según la Flampa y las Ampas firmantes, “con esto queda más que demostrado la sobrecarga de trabajo, de burocracia y de responsabilidades” que van a recaer sobre estas personas, que además “no son ni profesionales de la salud, ni epidemiólogos, ni expertos en seguridad e higiene”.
Por otra parte se advierte de que “es imposible” que los centros educativos se desinfecten un mínimo de dos veces al día porque el personal de limpieza “es insuficiente”, motivo por el cual se demanda “un aumento de los recursos humanos y materiales”.
La Flampa y las Ampas firmantes son partidarias de la flexibilización horaria para evitar aglomeraciones, pero advierten de que es complicado lograr ese objetivo si se tienen en cuenta el tamaño de los centros, la existencia de hermanos de distintas edades o los servicios complementarios.
Muestran en otro orden de cosas su rechazo a la “brecha digital” y recuerdan a este respecto que los recursos con los que cuentan los centros son “insuficientes” porque la inversión que se ha realizado en ellos ha sido “nula”.
Defienden también un seguimiento del alumnado del Plan SYGA (Solidaridad y Garantías alimentaria) y PRAI (Programa de Refuerzo de Alimentación infantil); garantías de seguridad en los servicios de comedor o aula matinal; y eliminación de barreras arquitectónicas.
Por último se exigen un aumento de recursos para el alumnado de NEAE, ya que existe sobreratio y a los centros se les hace difícil atenderlos sin una mayor inversión y se rechaza la externalización de servicios.
“Las Ampas y la Flampa queremos que nuestros hijos e hijas vuelvan a los centros con las máximas garantías de seguridad. Defendemos el trabajo y la implicación de los equipos directivos de cada centro, se les somete a una presión sin precedentes. Toda la comunidad educativa está padeciendo la ineptitud y la falta de responsabilidad de esta Consejería”, añaden estas organizaciones en su comunicado.
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