La Junta de Andalucía ha decidido su separación voluntaria del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana después de que en 2015 el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, dictara una orden para abandonar voluntariamente dicho Consorcio. Una petición que fue ratificada posteriormente en un escrito en septiembre de 2016 y que posteriormente no ha sido revocada.
Según un informe jurídico de los letrados de la Junta, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dice que "la separación por un miembro del consorcio del que forma parte constituye un derecho", que según el artículo 125, "habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio".
Así, los letrados indican que "la situación a 31 de diciembre de 2019 es la de miembro separado del Consorcio", ya que ha sido "inequívocamente expresada la voluntad de la Junta de ejercer el derecho de separación" mediante la orden de 23 de junio de 2015.
Ante esa situación, el 18 de noviembre de 2019 el Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático dictó un oficio dirigido al Consorcio comunicando que "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se notificó la solicitud de separación voluntaria, la Junta de Andalucía dejaría de formar parte a partir del 31 de diciembre de 2019".
En cuanto a la disolución o no del Consorcio de Aguas, el informe de los letrados de la Junta señala que según la Ley es el Consorcio el que tiene que "decidir si el ejercicio del derecho de separación por la Junta de Andalucía ha de comportar la disolución de los consorcios o si, por el contrario, ha de continuar con los demás miembros".
Críticas desde la presidencia del Consorcio
Para la presidencia del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, la decisión de la Junta "supone dejar en la estacada a los 19 municipios gaditanos que accedieron a asumir unas responsabilidades supuestamente compartidas con la Consejería de Medio Ambiente que hasta la fecha ha formado parte de la Asamblea General y del propio Comité Directivo".
"Esta decisión supone que la Junta de Andalucía se desentiende de su compromiso, dejando el suministro de agua potable en alta de casi un millón de habitantes en manos de unos Ayuntamientos que deberán asumir además de la gestión, los cánones de regulación, el trasvase y el saneamiento por una suma que supera los tres millones de euros", lamentan.
El acuerdo fundacional al que se hace referencia data febrero de 2005, cuando se acordó que los diecinueve municipios que conforman el CAZG, creado con una Ley de 1945 para el abastecimiento de agua potable a todos sus municipios, aceptaran la explotación de las infraestructuras, que desde 1957 habían sido explotadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la espera de que los Ayuntamientos tomaran el testigo.
Además, en dicho acuerdo de 2005, debido a las dimensiones de la enorme red de tuberías, depósitos, depuradoras y estaciones de bombeo con más de 130 trabajadores, "parecía un acto de fe sin la participación de la Consejería de Medio Ambiente, por lo que se puso como condición que ésta formase parte del Consorcio con una aportación que iría a sufragar los gastos de estructura y que apenas suponeunos 300.000 euros del presupuesto anual".
El Consorcio reconoce que ya en 2016 la Junta de Andalucía solicitó su salida del ente, "pero tras mantener varias reuniones con el Vicepresidente de la Junta por entonces, Manuel Jiménez Barrios, se acordó que seguirían formando parte del CAZG".
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