El Gobierno de coalición PSOE-Podemos acaba de aprobar un Decreto para suavizar el impacto del Coronavirus en el mercado de alquiler patrio. El problema del alquiler en España es una verdadera “patata caliente”, y muy sensible en la economía por su singularidad. De hecho, el inmobiliario, es uno de los pocos mercados donde por un lado tenemos particulares (inquilinos) y, al otro… más particulares (propietarios). Si a uno le falta dinero para pagar la renta, al otro desgraciadamente, también le falta para pagar la cuota mensual de la hipoteca, gracias a la cual ha podido comprar la vivienda que alquila. Vamos, que los dos actualmente están jodidos… que el 97% de los pisos en España están en manos de pequeños propietarios que se mantienen con esas rentas es un hecho incontestado y así nos lo dice el Registro de la Propiedad. A estos pequeños propietarios (3% que tienen menos de 8 viviendas) el Decreto los protege hasta cierto punto, ya que sus inquilinos en dificultades podrán pedir a partir de ahora un microcrédito a través de lCO (Instituto de Crédito Oficial), tratándose de un préstamo sin intereses y a devolver en 10 años. Y para aquellos hogares que no puedan ni siquiera afrontar la devolución de estos microcréditos, llamados “hogares vulnerables”, el Estado les concede ayudas directas a fondo perdido de hasta 900 euros al mes.
Si por el contrario se trata de un gran tenedor de viviendas (más de 8 viviendas en propiedad) el Decreto simplemente los machaca: si hay acuerdo por las buenas entre el propietario y el inquilino habrá una moratoria de 4 meses en el pago del alquiler. ¿Y si no hay acuerdo? Entonces, el inquilino podrá escoger entre retrasar el pago en tres años o una quita del 50% de la deuda, pero hasta un tope máximo de 4 meses – por ejemplo, si la renta del mes son 1.000 euros en vez de pagar 4.000 euros pagaría 2.000 euros, la mitad -. Se estima que la propuesta de los microcréditos tendrá un coste de 700 millones de euros, ya que son microcréditos a interés 0, y comprende también ayudas directas a fondo perdido para los inquilinos con dificultades para pagar los alquileres. Se prevé también en el Decreto la prohibición de desahucio por impago de las rentas y como guinda del pastel incluye una prórroga automática de todos los contratos de alquiler durante 6 meses. Si bien es cierto que la opción de los microcréditos es vista con buenos ojos en el sector y también por muchos juristas; el problema de verdad y gordo es la discriminación entre pequeños y grandes tenedores, que pone contra las cuerdas la viabilidad económica de un segmento profesionalizado que pone enorme oferta en el mercado inmobiliario: los grandes grupos inversores que tradicionalmente invertían en ladrillo para alquilar. Lo voy a decir muy claro: el “sin pa” de Podemos traerá una inseguridad jurídica tremenda y una reducción drástica de los alquileres.
A partir de ahora ningún propietario en sus cabales se va a arriesgar a alquilar, y estar en manos de que su inquilino decida o no pagarle. Podemos vende caro su apoyo a la investidura de Sánchez y le pasas su abultada factura a un muy debilitado PSOE. Ante este escenario, a Podemos tampoco le ha bastado el gesto de las SOCIMIS – entidades que cotizan en el mercado de valores y que se dedican a la adquisición y promoción de inmuebles para su arrendamiento -, y los grandes fondos que, mientras que el gobierno debatía el Decreto, anunciaron retrasos en el pago de alquiler para sus inquilinos. Prefieren el “barra libre” y el “sin pa” que es lo fácil, y se vende mejor en los medios. El Decreto deja muy indefensos a los propietarios en general, es también discriminatorio, y traerá cola…
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