El Grupo La Seda elige a los sindicatos para negociar y rechaza de nuevo al comité
El Grupo La Seda presentó ayer ante la Delegación Provincial de Empleo de Cádiz el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla de su factoría de Artenius ubicada en San Roque
A pesar de que el secretario provincial de UGT, Pedro Custodio, descartara a principios de semana que la empresa ejecutara un cierre patronal, la intención de la compañía se ha mostrado diametralmente opuesta, así como consecuente con el anuncio que realizara en este sentido a principios del pasado mes de septiembre.
Según la compañía química, el ERE, que afectará a 94 trabajadores, se presenta “con motivo de la grave crisis por la que atraviesa la empresa” e incluye una indemnización a la plantilla de 20 días por año trabajado.
De ahora en adelante se abre un periodo de consultas, que se prolongará durante 30 días, en el que Artenius ha designado como interlocutores a los secretarios provinciales de Fiteqa-CC OO, Sandra Cantero, y FIA-UGT, Gustavo Vargas, así como a los secretarios de ambas secciones sindicales en la empresa.
Artenius basa esta elección de interlocutores ante “la imposibilidad técnica de negociar con distintas representaciones de los trabajadores y existiendo una dualidad entre la representación sindical y la representación unitaria”; la aceptación de “una decisión mayoritaria de los trabajadores” y el “respeto absoluto a que se refleje la pluralidad sindical”.
Asimismo, fundamenta su decisión “como actor del procedimiento” al que “corresponde la iniciativa procedimental de designar un locutor válido y legalmente establecido”.
Reacciones
Por su parte, el comité de empresa ya ha señalado la “ilegalidad fragrante” de elegir como interlocutores a los secretarios provinciales de FIA-UGT y Fiteqa - CC OO, “dejándonos al margen”. Por ello, el presidente del comité, Jorge Cañada, afirmó que “este asunto está ya en manos de nuestros abogados. Esto es otra guarrería (sic) de los sindicatos a los que no les importa cometer ilegalidades. Si la Junta lo acepta se estará cometiendo otra ilegalidad”.
Cañada también indicó que “la intención de la empresa pasa por despedir a 30 o 40 trabajadores más. No están en posición de cerrar la planta porque supondría perder dinero y ya deben mucho a los bancos”.
Mientras, desde la sección sindical de UGT se apuntó que “no vamos a aceptar ninguna extinción. El pronóstico es bastante feo. Era algo que ya rondaba pero pensábamos que era algo que al final no iba a tomar forma”.
