Después de una espera de nueve años de idas y venidas judiciales -ya estuvo en el Tribunal Supremo- se ha conocido la sentencia -recurrible, y provisional por tanto - de los EREs de Andalucía. Tiempo por delante tienen los recursos que se presenten a las más altas instancias judiciales… pero la sentencia ya está ante la opinión pública y, sobre todo, ante los ojos de los acusados y, finalmente, condenados.
Es cierto que no hay dineros en Suiza, ni en cuentas en paraísos fiscales, no hay financiación a partidos, ni lucro personal en los más destacados dirigentes socialistas condenados, pero la sentencia marca un hito terrible para el socialismo andaluz. Es una condena sin paliativos. El sistema que se puso en marcha para ayudar a empresas en crisis y pagar EREs a los trabajadores -se beneficiaron de estas ayudas más de 6000 que no han tenido que devolver los fondos recibidos- significó para el tribunal sentenciador una malversación de fondos públicos y prevaricación, por lo que se han derivado las condenas de inhabilitación y cárcel. Han sido penas muy altas. La ausencia de controles, la opacidad en la tramitación de los expedientes, la falta de concurrencia en el otorgamiento de las ayudas a empresas y trabajadores han tenido esta consecuencia indeseada para todo el equipo directivo de la Junta de Andalucía de entonces. Se decidió -por agilidad y comodidad- esta mala práctica que ha sido condenada en los tribunales de Sevilla. De poco vale hacer alusión a la honradez personal de la mayor parte de los dirigentes socialistas porque la sentencia no trata de ello sino de un sistema de ayudas no acorde con las normas administrativas empleadas. Eso es lo que se paga con inhabilitaciones y penas de prisión.
Las reacciones no se han hecho esperar. Tan histriónicas como se suponían. Que si la dimisión de Pedro Sánchez o que devuelvan los robado. Hay que ser comedidos. Pedro Sánchez estaba de concejal en el ayuntamiento de Madrid y era imposible que tuviera relación alguna con los hechos. Lo robado -que dice Podemos de Andalucía y el PP nacional- está en el 90% en los bolsillos de los trabajadores que se beneficiaron de las ayudas de los casos analizados. El otro 10% que se recupere, como manda el ordenamiento jurídico. Es la falta de fiscalización y la arbitrariedad lo que se condena.
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