“Esta persona es un peligro, además de darme nueve puñaladas cuando estaba inconsciente porque ya antes me habían dado un martillazo en la cabeza, me amenazó de muerte a mí y a mi familia. Donde debería estar es en prisión, ni siquiera fuera de Jerez, ni desterrado de aquí”. Son manifestaciones a Viva Jerez del padre de la otra familia que se vio implicada en la grave reyerta que hubo en el mes de febrero en plena calle, en Santo Tomás de Aquino, después de que la madre de su presunto agresor, y vecina de puerta, se concentre desde este miércoles a las puertas del juzgado para pedir que revisen el caso de su hijo y le retiren la prohibición de pisar el término municipal de Jerez. Sentada junto a una pancarta con fotos suyas en las que se aprecian los golpes de la pelea, Dolores llegó a decir que su hijo "tenía más libertad en Puerto III". Llegó a las siete de la mañana y está dispuesta a seguir acudiendo cada día para pedir a la juez del Juzgado de Instrucción número 2 que modifique las medidas impuestas para levantarle la prohibición de entrar en Jerez. Asegura que su hijo está “malviviendo” y que ni ellos ni él pueden paga un alquiler, llegando a reconocer que estaría “más tranquila” si siguiera preso.
Por su parte, en sus declaraciones a este medio, este varón de 60 años asegura que él, su mujer y sus hijos son las “víctimas” de este suceso, pues además de haber llegado a estar hospitalizados a consecuencia de las lesiones, tuvieron que marcharse de su casa, en la que han pasado los últimos 23 años, por las amenazas sufridas. “Ellos llegaron hace ocho años, yo nunca he tenido problemas de ninguna clase con nadie. Perdí mi trabajo por este problema”, asegura, negando la versión que la madre del presunto agresor da de los hechos, así como que el resto de sus vecinos respalden a la otra familia en esta reivindicación judicial. “El escrito de los vecinos apoyándoles con sus firmas lo tienen porque están todos amenazados de muerte, porque hay testigos de la pelea que lo vieron todo y no dijeron nada en los juzgados porque tienen miedo a represalias”, señala tras advertir que su familia sigue sin estar tranquila incluso estando el joven de 20 años acusado de agredirles y de quebrantar una orden de alejamiento fuera de Jerez.
“Mi hija desde que ocurrió aquello no ha vuelto a venir a Jerez con mi nieto porque tiene miedo”, añade. Asimismo, también deja claro que él no tiene orden de alejamiento, y que su presunto agresor llegó a quebrantar esta medida hasta en dos ocasiones, lanzándole piedras cuando fue a su domicilio y rompiéndole los cristales cuando acudió a recoger algo de ropa y pertenencias tras marcharse precipitadamente el día de los hechos, y otro día que le intentó atacar de nuevo con un arma cuando él iba en su coche.“Fuimos todos agredidos, mi mujer sufrió un infarto, y yo nunca he atropellado a nadie, empotré mi coche con el de mi hijo por los nervios cuando llegué y vi todo”, señala. Afirma que la otra parte miente con sus declaraciones y que ellos son los perjudicados por haber tenido que dejar su casa y vivir en Jerez sin decir su dirección a casi nadie por temor a represalias.
¿Estrategia procesal fallida?
Su abogada, Ana Prieto, destacó ayer a este periódico que fue el abogado de la defensa de I.S.R. que tiene la prohibición de no pisar Jerez, el que planteó al fiscal y a las partes que su cliente pudiera salir en libertad condicional en julio tras tres meses en la cárcel con esa condición. Una estrategia procesal en la que dio marcha atrás al mes, al solicitar modificar estas medidas alegando que habían cambiado las circunstancias de su representado, porque tenía una oferta de trabajo y su familia no lo podía mantener viviendo fuera de Jerez. ¿Cuando lo pidió sí podía vivir y pagarse un piso en El Puerto y un mes después no?, señala la letrada, que siempre se opuso a esta medida al entener que la mejor medida para garantizar la seguridad de sus clientes es que este joven hubiera seguido en prisión. Al margen de esto, el procedimiento judicial continúa su curso a la espera de nuevos informes para poder poner fecha a la celebración del juicio.
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