Actualizado: 21:58 CET
Lunes, 14/10/2019

Lo que queda del día

Un revólver sin muesca en la culata

Seguir el juicio de la trama Gürtel en Jerez ha sido como completar la cadena de adn de un dinosaurio: faltan elementos y sobran intenciones

  • Correa y Crespo y los abogados de las defensas

Esta semana ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional el juicio de la rama Gürtel correspondiente a las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Jerez a empresas del grupo de Francisco Correa por el montaje del stand de la ciudad en Fitur 2004 y de dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del Retiro de la capital, por 355.391 euros. En realidad, es lo único que sigue quedando claro desde el principio: el Ayuntamiento contrató los servicios de tres empresas vinculadas a la que ahora conocemos como trama corrupta para el desarrollo de una serie de actividades promocionales en la feria de turismo que, como tal, se llevaron a cabo y a un precio que a algunos parecerá exagerado y a otros no tanto.

Si han seguido el desarrollo de las crónicas publicadas sobre el proceso desde el pasado mes de junio, podríamos coincidir en que resulta bastante complicado hacer un resumen concluyente, incluso dar forma a un relato consistente sobre lo denunciado: las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de adjudicación de los trabajos. Para eso está el tribunal.

Desde fuera, no obstante, es como completar la cadena de adn de un dinosaurio: faltan elementos desde los que enjuiciar lo que ocurrió; para empezar, la figura clave en las supuestas negociaciones: Isidro Cuberos, fallecido en accidente de moto. Y, por supuesto, persiste la duda razonable que apunta en una dirección diferente a la de los funcionarios municipales imputados, ya que resulta incomprensible la ausencia de algún representante político entre los investigados por una trama marcada por los vínculos de las empresas de Correa con un determinado partido político.

Y con esto no quiero decir que el tribunal vaya a descartar responsabilidades -¿a lo sumo administrativas?- entre quienes tramitaron la documentación, pero, del mismo modo, parece impensable que todo el negociado del contrato se llevara a cabo exclusivamente entre las empresas y los funcionarios, como compinches vinculados por una coincidencia cósmica, y, más aún, ¿a cambio de qué?, que es la pregunta clave y ausente: ¿acaso ganaron algo?

Desde fuera, insisto, el juicio ha acabado con la sensación de que faltan elementos por enjuiciar -la ausencia de Cuberos lo hace ya inviable-, y, a falta de políticos, con la de que haya sido utilizado como vehículo para apuntar en dicha dirección. Por muy subjetiva que sea la apreciación, basta con leer entre líneas el alegato final de una de las funcionarias municipales imputadas en el caso como para no descartarlo: “La rivalidad de políticos en la ciudad de Jerez se ha judicializado, se ha querido perseguir a la señora García-Pelayo, y han arrastrado a todo el personal”.

Es más, entre las funcionarias imputadas se encuentra la interventora que informó en 2009 de las supuestas irregularidades que dieron lugar a la presentación de la denuncia y cuyo escrito sirvió asimismo “hasta para la exposición razonada para justificar la imputación de García-Pelayo” en la causa que luego archivó el Tribunal Supremo, como relató en su declaración final. Un detalle que hace más enrevesado aún un proceso judicial que acumula varios desconciertos -de la posible prescripción del caso a la queja por falta de pruebas que sostengan las acusaciones- y que nos deja a la espera de que la sentencia pueda ayudar a esclarecer a qué obedece tanta intriga o tanto celo injustificado.


Desde dicha perspectiva, a los funcionarios a los que han podido convertir en instrumento o artillería de ataque, sin importar las consecuencias personales, ya no les queda más que confiar en la independencia de la Justicia. Si como se ha dicho en algún momento desde la presentación de la primera denuncia, el objetivo era conseguir una “pieza de caza mayor”, parece probado que no ha sido así; es, hasta ahora, la única evidencia incontestable: un revólver sin muesca en la culata, y el PSOE, que forma parte de la acusación particular, ya pide penas mínimas para los funcionarios, como si les estuviera haciendo un favor, ¿o es con cargo de conciencia?

COMENTARIOS

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad Ai
chevron_left
(5-0), partido para olvidar del Xerez CD
chevron_right
El juicio que juzgó a Pelayo a través de ‘cinco cabezas’ municipales