“Nos tienen que dar una solución ya por fuerza. No nos podemos quedar así. Yo puedo subir y bajar un día o dos las escaleras, pero no once que es lo que llevamos ya, y aquí, salvo varias familias, todos somos mayores”. Baldomero Girón ha llevado hasta hace unos días la presidencia del número 3 de la calle Pintor Carlos González, en la barriada de La Constitución, más conocida como El Mopu, y ni él, ni las otras 31 familias que viven en este edificio de ocho plantas se explican que la Junta de Andalucía permita que lleven ya once días sin ascensor por una costosa avería que ellos no pueden pagar. Además, hay un agravante, pues entre las personas mayores que viven en plantas superiores, con una media de edad entre 70 y 80 años, hay ocho con problemas de movilidad y discapacidades, que han tenido que irse a casas de sus hijos o quedarse sin salir a la calle por estas circunstancias.
Tal y como relata a Viva Jerez, sabían que este extremo podía llegar cualquier día, pues hace un año que el otro elevador está parado, y los encargados del mantenimiento ya en más de una ocasión les habían advertido en otras averías puntuales del segundo, que iba a llegar un día en que por seguridad lo iban a tener que dejar también sin funcionamiento. Lo peor de todo es que como mucho tienen 12 años de vida, con lo que son relativamente nuevos. “Tenían una fama extraordinaria, pero el problema, según nos dicen los ascensoristas, es que en vez de llevar cuatro cintas de carga, estos llevan tres, y una de estas cintas está muy castigada, con lo que no se pueden arriesgar a ponerlo en marcha; nos dice que es un peligro”, señala.
Estudian cortes de tráfico
El ascensor dejó de funcionar el 12 de abril, e inmediatamente la administradora del bloque presentó ante la Delegación de la Vivienda de la Junta un informe minucioso explicando la situación anómala en la que se encuentran los vecinos de un bloque que es propiedad de la Administración andaluza y en el que viven en régimen de alquiler con opción a compra. En el escrito les dejaban claro que les urgía una solución, y la respuesta no ha tardado en llegar, pero en forma de negativa: deben ser ellos los que se hagan cargo de una reparación que puede superar los 20.000 euros (cada cinta cuesta 12.000). “Somos 32, y aquí pagamos la comunidad 16, nosotros no podemos pagarlo”, explica el representante de los vecinos, que reconoce que los ánimos están caldeados. De hecho, ya hay residentes que les han planteado que pasen a la acción y corten la calle Pintor Carlos González “de una a tres de la tarde” que es cuando hay tránsito de vehículos porque “así no podemos seguir”.
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