La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 6 de mayo el inicio de la pieza jerezana de la trama Gürtel, el relativo a las adjudicaciones presuntamente irregulares que el Ayuntamiento de Jerez concedió a favor de las empresas de Francisco Correa en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004. La investigación comenzó en 2009 tras una denuncia del PSOE de Pilar Sánchez, y casi una década después los nueve procesados, cinco de ellos altos cargos municipales, se sentarán en el banquillo. En todo ese tiempo, sin lugar a dudas hay dos fechas que marcaron dos puntos de inflexión importantes: en primer lugar la imputación de empleados del Ayuntamiento en abril de 2015, en concreto de dos interventoras municipales, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), una empleada de este organismo, y el antiguo secretario del Ayuntamiento.
Poco después a estos nombres se sumaría el de María José García-Pelayo, que en el momento de la adjudicación era alcaldesa de Jerez, cuya causa fue remitida al Supremo por su condición de senadora. La otra fecha a considerar es abril de 2016, cuando cuatro meses después de la apertura de juicio oral, el Supremo archivaba la causa de García-Pelayo argumentando que no participó en las presuntas irregularidades y abriendo la puerta a la prescripción de los hechos. Mientras tanto, e incomprensiblemente para las defensas y para los propios investigados, la Audiencia Nacional seguía adelante con la causa contra los cinco técnicos, desestimando cada uno de los recursos y alegaciones presentadas para demostrar que “no tienen nada que ver” con las supuestas ilegalidades detectadas en las adjudicaciones, y que los hechos en cualquier caso están prescritos.
Ha sido en vano, por lo que deberán demostrarlo en el juicio. La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel para Correa, Crespo, Jordán y Nombela por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil. En cuanto a cuatro de los empleados municipales, pide siete años de cárcel para cada uno de ellos por los mismos delitos menos el último; mientras que para una de las interventoras sólo reclama dos años de cárcel por prevaricación y fraude a las administraciones.
Hasta hace pocos meses, las defensas pensaban que la participación de sus patrocinados en la vista no iría más allá del “paseíllo” y la foto en el banquillo del primer día, pues su causa no pasaría de las cuestiones previas, pero en la sala mantienen que hay “hechos controvertidos” de los que depende la estimación o no de la prescripción, por lo que les remite al juicio -que se prolongará 20 días en la Audiencia Nacional de Madrid- para resolverlo.
“Estamos convencidos de que existe la prescripción, lo vemos clarísimo, además si los actos están prescritos para García-Pelayo por el Supremo, están prescritos para todos, ahora lo que falta es que el tribunal de la Audiencia comparta la tesis del Supremo”, afirma el abogado Juan Pedro Cosano, que defiende al exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) y al exsecretario del Ayuntamiento, de los que señala que están “tranquilos” pese a que “no es agradable someterse a un juicio” aunque “jurídicamente estamos confiados”.
“No tienen nada que ver”
El abogado Manuel Hortas, que encarna la defensa de las dos interventoras, sigue sin explicarse qué hacen sus representadas en una causa que “no puede ser que esté prescrita para la que era la alcaldesa en ese momento y no lo esté para los trabajadores”. Independientemente de la tesis de la prescripción, su estrategia se centrará en demostrar que sus clientes “no tienen nada que ver” con los hechos que se juzgan. “Lo que se discute no es el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento de Jerez para realizar unos trabajos que se acometieron, y de hecho no hay responsabilidad civil para el Ayuntamiento porque el espectáculo de caballos y los servicios se realizaron. Aquí se discute si la adjudicación de la empresa para estos servicios se saltó el procedimiento de contratación”, apunta.
En este sentido, tiene claro que ninguna de las dos eran “competentes” para interferir en tal proceso. “A una de ellas -la interventora para la que piden menos pena- le llegaron unas órdenes de pago de unos espectáculos que se habían realizado. Si están hechos había que pagarlas, ¿no?¿O si se adjudican mal no se pagan?, mientras que la segunda se limitó a hacer un informe explicando cómo se tenían que hacer las cosas. Pero es que además si ese informe lo que dice es que no se puede hacer como se hizo, ¿para qué lo va a realizar?", se pregunta Hortas ante las acusaciones de la Fiscalía. Tiene claro que si no hubiese realizado ningún documento "no estaría aquí" (por la causa).
Se sabrá en una semana
Lo que tienen claro es que ser técnico municipal hoy en día es una profesión de “alto riesgo”, y este tipo de causas, aseguran, lo que está generando es que cada vez sea más “complicado” que los funcionarios estampen su firma, lo que en la práctica está ralentizando y mucho el funcionamiento de muchos ayuntamientos. En cualquier caso, las defensas no tienen tan claro que el juicio arranque en mayo, pues tanto en el caso de Cosano como en el de Hortas le coinciden con otras vistas ya señaladas, por lo que ya han presentado escritos a la espera de que dentro de una semana o dos se pronuncie el tribunal.
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