Susana Díaz está ya en clave electoral. Sólo ella sabe a ciencia cierta cuándo se celebrarán las elecciones, si en marzo, cuando tocarían, o antes. Pero los hechos hablan y la presidenta parece estar en plena campaña.
En los últimos días ha sido anfitriona de los Reyes en Sevilla y en Bailén, ha firmado convenios con la patronal y los sindicatos, y también con los presidentes de las diputaciones provinciales, se ha reunido con empresas de economía social, ha presidido la entrega de un petrolero de Navantia y ha presentado una conferencia. Todo eso en esta misma semana.
Y también en esta semana, Susana Díaz ha pedido al Gobierno de Sánchez más dinero, en general, a propósito de la reforma del sistema de financiación autonómica, y en particular para el PFEA (el plan de empleo agrario que sustituyó al denostado PER), mientras la Junta anunciaba todo un rosario de líneas de ayudas dirigidas a distintos sectores económicos y sociales por un montante total de casi 700 millones de euros.
El fin de semana se publicaban en el BOJA las ayudas para la contratación de seguros agrarios (9,7 millones de euros), que este año son un 62% más altas que en 2017.
El lunes, la Junta anunciaba, por medio del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl) de la Consejería de Empleo una nueva línea de subvenciones para fomentar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en prevención de riesgos laborales, dotada con 400.000 euros, dirigida a universidades y otras entidades académicas sin ánimo de lucro.
Estas ayudas se enmarcan en el primer Plan Estratégico de Subvenciones del Iaprl, que tiene seis líneas de incentivos y suponen una inversión superior a los 8,96 millones de euros hasta 2020.
El martes, el Consejo de Gobierno aprobó ampliar en 12,45 millones el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, lo que lo eleva hasta los 55,11 millones de euros.
Acuerdo con los sindicatos
También el martes, la presidenta anunciaba que antes de que termine julio se convocarían varias líneas de subvenciones dirigidas al sector de la economía social, dotadas con 4,34 millones de euros y de las que se beneficiarán unas 3.400 empresas.
Un día después, el miércoles 18 de julio, Díaz firmaba con representantes de la patronal y las centrales sindicales un acuerdo para combatir la precariedad laboral y favorecer el empleo de calidad, por el que la Junta se comprometía a aportar 542,44 millones de euros hasta 2019.
Y este jueves, el consejero de Empleo, Javier Carnero, anunciaba que se abría el plazo para que las empresas solicitaran las ayudas por la contratación indefinida, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 11 de julio pasado.
Estas ayudas tienen un presupuesto de 74 millones de euros para tres grupos de incentivos, que se concederán en régimen de concurrencia no competitiva (esto es, para el que las solicite, si cumple los requisitos): ayudas a la contratación estable, a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada a tiempo completo y una nueva edición del Bono Empleo.
Además de estas ayudas, el consejero también anunció las destinadas a las pymes para sus proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. Para esta convocatoria, la Junta ha dispuesto 5,58 millones de euros para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de las que se podrán beneficiar más de 450 empresas. La cifra representa un incremento del 135% con respecto a las ayudas en el año 2017.
Al margen de estas ayudas, la Junta también ha anunciado estos días otras por motivos coyunturales, como los 900.000 euros que destinará con carácter urgente a las 70 familias de Isla Cristina, Punta Umbría, Ayamonte y Sanlúcar de Barrameda afectadas por el cierre del caladero de chirla en el Golfo de Cádiz.
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