Los sindicatos con representación mayoritaria en el Ayuntamiento de Jerez (CGT, CSIF, SIP y ATMJ) han anunciado este viernes en rueda de prensa conjunta su oposición al proceso de funcionarización municipal con oposiciones anunciado esta semana por el Gobierno local de cara al cumplimiento, antes del año 2020, de la nueva legislación impulsada por la UE y aprobada por el Gobierno central, que obliga a las administraciones públicas a reducir a un 8% el personal laboral, que en el caso del Ayuntamiento de Jerez se eleva a casi el 73 por ciento de los casos, toda una anomalía tratándose de una administración pública en la que el personal funcionario debe prevalecer sobre el contratado.
En la rueda de prensa han participado 34 de los 36 delegados que conforman la junta de personal que representa a más del 95% de los empleados municipales, y en la misma, Antonio Saborido, presidente del comité de empresa, ha acusado al Gobierno local de plantear un "ERE encubierto" con esta propuesta. "Dice que va a hacer al personal laboral funcionario interino, cosa que dudamos que se pueda hacer legalmente, y lo anuncia además sin haber negociado antes con los representantes de los trabajadores".
Los sindicatos han reconocido que están de acuerdo con poner en marcha el proceso de funcionarización, pero siempre que sea "garantista" con todos los puestos de trabajo. En este sentido, el paso del personal laboral fijo a funcionario interino, dicen, "oculta" varias cuestiones, entre ellas que el empleado pierda todas las garantías y derechos adquiridos por decenas de años como personal laboral, ya que son incompatibles con los del régimen funcionarial".
"El trabajador que pase a funcionario interino pierde sus derechos, además de tener que sacarse su plaza, cuando aquí hay funcionarios interinos que llevan casi 20 años en el Ayuntamiento y a los que no les pidieron que se sacaran la plaza", argumentaba Saborido, quien además incidió en el hecho de que "ahora la ley obliga a tener que sacarse la plaza, compitiendo además con la gente de la calle, lo que en el caso de que suspendan, se quedarán sin empleo, sin paro y sin derecho a indenmización".
Los sindicatos se mantienen firmes en que si no se llega a un acuerdo con ellos "sería un suicidio político" por parte del Gobierno local, y añaden que "no se fían" del Gobierno local porque "no sabe gestionar y miente sistemáticamente".
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