Los concejales de Medio Ambiente y de Playas de Los Barrios, Alfonso Pecino e Inmaculada Olivares (PSOE), respectivamente, han sido acusados por un vecino de la localidad de un presunto delito de prevaricación por la prohibición de pescar en la desembocadura del río Palmones.
El vecino, Juan Carlos De Vicente, ha presentado este lunes 10 de agosto una querella ante los juzgados de instrucción de Algeciras por considerar que la prohibición de pescar en la desembocadura del río Palmones, situado en Los Barrios, "podría ser constitutiva de delito".
El representante legal de De Vicente, Juan José de la Fuente, explica que la normativa municipal que prohíbe la pesca deportiva en la zona vulnera la ley de Costas y la propia normativa municipal anterior.
"Ambas normativas", indica De la Fuente, "prohíben pescar en las zonas de baño; pero el Ayuntamiento había prohibido con anterioridad bañarse en el lugar en cuestión, por lo que la pesca estaría permitida".
De la Fuente alega una vulneración del artículo 404 del Código Penal, que establece que incurre en prevaricación la autoridad o funcionario público que "a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
El abogado aporta entre las pruebas un documento en el que la Capitanía Marítima ordena que no se permita el baño en la zona afectada debido a que las embarcaciones entran en el lugar.
De Vicente subraya además que no pesca en la arena "sino en las rocas, y siempre en dirección a la desembocadura del río, nunca en dirección a la playa".
El querellante cifra en cerca de un centenar de personas las que pescan en el lugar cada día, aunque el conjunto de los que pescan en las rocas puede superar los 300, según precisó.
La supresión de la pesca deportiva en el lugar supone además, según De Vicente y su representante, "dar facilidades al desembarco de droga y de inmaduros, que es frecuente en la zona".
El denunciante mostró además un documento firmado por Pecino, fechado el 21 de julio, en el que se da por enterado de la cuestión y señala que será estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
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