La diputada y portavoz del grupo municipal popular, María José García-Pelayo, consideró ayer “inexplicable” que la ciudad esté “peor” coincidiendo con el que a su juicio es el periodo de tiempo en el que “más dinero” ha recibido del Estado, algo que que fundamentalmente achacó a la “ineptitud” del Gobierno que preside Mamen Sánchez.
Según García-Pelayo, el Ejecutivo ha destinado a la ciudad “en estos últimos años” alrededor de 600 millones de euros, una cifra que “nunca ningún Gobierno de España” había invertido en Jerez y que entre otras cosas ha permitido “pagar a proveedores y que se puedan seguir prestando servicios esenciales”.
Así las cosas, “si la ciudad está sucia, problema de Rajoy no es, porque el dinero llega”, lo que ocurre es que a juicio de la diputada popular “llega a unas manos que son incapaces de ponerlo en valor”. Por este motivo, García-Pelayo animó tanto al Gobierno local como a la alcaldesa, Mamen Sánchez, a que “se espabilen” y se “den cuenta” de que están al frente del Ayuntamiento y no se limiten a “mirar permanentemente al pasado”, sino “hacia adelante”, promoviendo proyectos para la ciudad.
En sus visitas a las barriadas, los vecinos trasladan a García-Pelayo “una sensación de abandono brutal” de la ciudad ante la que entiende que el Gobierno socialista “ha tirado la toalla”, algo que personalmente le “da pena”.
Sin dudas sobre el peaje
La diputada reiteró por otra parte que el Estado no prorrogará la concesión de la autopista de Sevilla, cuyo peaje será eliminado el 31 de diciembre de 2019.
García-Pelayo habló “sin tapujos” de la liberalización de la autopista, asegurando que “no hay ninguna carta escondida bajo la manga ni nada extraño” e insistiendo en que “los ciudadanos no tendrán que pagar para ir o volver de Sevilla” una vez concluya el periodo de concesión, el 31 de diciembre de 2019.
La diputada aludió finalmente a algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy, que impiden los desahucios de desempleados, familias monoparentales con hijos, dependientes o víctimas de violencia de género; así como del bono social para atajar la pobreza energética, o los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional o las pensiones de viudedad.
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