El juzgado de lo Contencioso Administrativo ha declarado “nulo de pleno derecho” el acuerdo convenio del personal municipal aprobado por el Gobierno de García-Pelayo en octubre de 2013 con el respaldo de los sindicatos mayoritarios en la junta de personal (SIP) y el comité de empresa (CGT) del Ayuntamiento. La sentencia responde a la impugnación presentada en enero de 2014 por la ATMJ, que fue la sección sindical que mayor rechazó mostró entonces hacia este documento.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo considera entre otras cosas que el acuerdo convenio no cumple con la legalidad al tratarse de “un único texto que unifica los derechos” de los funcionarios y el personal laboral, habiendo sido además abordado en la Mesa General de Negociación Conjunta a pesar de que la ley exige “que las condiciones laborales del personal funcionario y las del personal contratado tengan regulación diferenciada” y sean negociadas por tanto en mesas independientes. La sentencia admite en su integridad el recurso presentado por la ATMJ, acordando por tanto la anulación del texto.
Con esta sentencia sobre la mesa, la principal duda estriba ahora en conocer cómo va a afectar la anulación del acuerdo convenio a la plantilla municipal. De momento, el Gobierno local ya ha avanzado su intención de interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de modo que el documento seguirá estando en vigor hasta que se produzca una nueva resolución judicial.
De manera paralela, el Ejecutivo ha solicitado un informe jurídico que determine qué consecuencias podrá tener para la plantilla la anulación del acuerdo convenio. El propio Gobierno admite que pueden ser “muchas” y “en su mayoría perjudiciales” para los intereses de los trabajadores, de ahí precisamente que haya optado por recurrir ante el TSJA.
Un “desastre” de gestión
El hecho de que se vaya a recurrir la sentencia que anula el documento no evitó en cualquier caso que la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, criticara ayer la gestión de personal llevada a cabo por el Gobierno del PP en la anterior legislatura, que calificó de “desastre”. En esta línea, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, consideró que la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo “es una prueba más de los problemas de gestión de Recursos Humanos” que se ha “encontrado” el Ejecutivo socialista “y que dificulta enormemente gestionar el Ayuntamiento como ha de gestionarse una administración pública”.
En ambos casos quisieron trasladar un mensaje de “tranquilidad” a la plantilla, ya que la anulación del convenio implica la pérdida de la cláusula que introdujo el PP para complementar los salarios más bajos.
Los informes no avalaban el acuerdo
La ATMJ ya advirtió en su momento de que los informes jurídicos no avalaban el acuerdo convenio. Apenas una semana después de su aprobación, el sindicato que agrupa a los técnicos municipales denunciaba públicamente que “ningún informe” respaldaba que el documento cumpliera con la legalidad vigente, careciendo además del preceptivo informe de fiscalización de la intervención municipal. Así las cosas, la ATMJ ya advirtió de que el convenio era “ilegal” y de que, por tanto, actuaría en consecuencia. El juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón al sindicato al admitir en su integridad el recurso presentado.
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