La Gerencia de Urbanismo había acordado tramitar un doble expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, acordando la demolición de lo construido, la restitución del suelo público, y una propuesta de sanción de 121.048 euros (un 150 por ciento de la valoración de lo construido).
Los inspectores de Disciplina Urbanística habían documentado y denunciado la construcción de una vivienda de 53 metros cuadrados, sin licencia urbanística y en suelo no urbanizable de especial protección y sistema general de espacios libres, lo que hacía imposible que fuera legalizada.
Además se había construido el cerramiento perimetral de la parcela con una malla metálica sobre una base de mampostería de piedra de unos 125 metros lineales, con portón para el acceso rodado, y un carril de acceso de zahorra compactada de 90 metros.
Se habían solado unos 60 metros en la zona trasera de la vivienda y otros 15 metros cuadrados para que sirvieran de base para un contenedor metálico de 15 metros cuadrados. La construcción fue valorada en 80.698 euros, y en 5.842 el coste de la demolición.
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