Izquierda Unida lamenta que el Ayuntamiento de Jerez se vea abocado, como consecuencia fundamental de las políticas de Montoro y el gobierno central del PP, pero también del bloqueo que pesa sobre la modificación de determinadas ordenanzas, a aprobar un presupuesto con un margen, cada vez más exiguo, para aplicar políticas que permitan atender la emergencia social, mejorar la prestación de los servicios públicos e invertir en el nuevo modelo de ciudad que Jerez necesita.
A juicio de IU, la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento, tras décadas de nefasta gestión municipal, es tan sumamente grave y el posible margen que tiene para intervenir es tan exiguo que la votación de asuntos tan sumamente relevantes como la modificación de las ordenanzas fiscales sólo pueda entenderse como un acto de máxima responsabilidad, con Jerez y con el conjunto de los jerezanos. Es por ello que votar la modificación de una ordenanza fiscal, como la relativa al Impuesto de Actividades Económicas o la eliminación de bonificaciones impuesta desde el gobierno central, no puede enfocarse desde la demagogia, ni debe permanecer al margen de un análisis general y contextualizado que permita evaluar los efectos que pueda tener el sentido de los votos sobre el Ayuntamiento, la ciudad, sus servicios públicos y los ciudadanos. Por lo tanto, plantear el debate de forma aislada, sin tener en cuenta los riesgos que se asumen o el conjunto de los efectos que pueden derivarse de cada votación es tan peligroso como jugar con la partida de ingresos del presupuesto ignorando el efecto directo que tendrá sobre el gasto y las medidas que se podrían aplicar con cargo al mismo.
Además, a juicio de IU, el incumplimiento consciente y deliberado del Real Decreto 17/2014 puede ser considerado como una infracción muy grave en materia econónomico-financiera, en base al artículo 28 de la Ley 19/2013. Es por ello que, aún partiendo de la absoluta disconformidad de nuestra organización con los preceptos recogidos en ambas normas, consideramos imprescindible incorporar los riesgos que puede acabar asumiendo el Ayuntamiento como consecuencia de dicho incumplimiento.
De cara al ajuste presupuestario, Izquierda Unida considera que detraer 1’8 millones de euros no será tarea fácil, máxime teniendo en cuenta la situación de partida, y espera que dicho ajuste no afecte en modo alguno a la plantilla, si bien sospecha que podría estar en riesgo la contratación de trabajadoras sociales para reforzar la atención social, algo imprescindible dado el colapso derivado de la situación de emergencia social en que se encuentra la ciudad, o la convocatoria de oposiciones libres prevista para cubrir 20 puestos de funcionario en el Ayuntamiento, una oportunidad laboral a la que los jerezanos no han podido optar desde hace más de 30 años.
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