La cita estaba marcada en el calendario de la alcaldesa como si se tratara de la prueba de un examen final: miércoles 14, reunión en el Ministerio de Hacienda. El resultado fue satisfactorio en lo que respecta al Presupuesto Municipal de 2016, como si se pudiera dar validez al dicho de que Hacienda aprieta, pero no ahoga -al menos en el caso de los Ayuntamientos-, pero lo cierto es que va a seguir apretando, y lo hará a partir de una exigencia que parece inamovible: el resultado económico de 2017 debe ceñirse a los reales decretos de obligado cumplimiento. Y, de momento, una vez derrotado el proyecto de ordenanzas
En la reunión celebrada ayer en Madrid tomaron parte, de un lado, la alcaldesa, Mamen Sánchez, y el teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, y, del otro, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Belén Navarro. En el transcurso de la misma, además del tema presupuestario, se abordaron los “perjuicios” que supondrá para el Ayuntamiento el rechazo de la oposición a las ordenanzas fiscales, lo que conllevará, según avanzó el propio Santiago Galván, “la redacción de un nuevo Plan de Ajuste que supla los cuatro millones de euros que dejarán de ingresar las arcas municipales”.
Desde el Gobierno local se ha recalcado que la propuesta de Ordenanzas Fiscales contemplaba una serie de medidas incluidas “en reales decretos de obligado cumplimiento” que suponían un incremento de la recaudación, previsto en unos cuatro millones de euros, procedentes, entre otros, de la subida del IAE para las grandes empresas y de las supresiones de beneficios fiscales que, “por imperativo legal, debían de aplicarse”.
En este sentido, según se le trasladó ayer a Sánchez y Galván desde el Ministerio, la pérdida de ingresos por el no incremento del IAE “deberá suplirse por otras medidas de ajustes o incremento de ingresos”. Asimismo, con respecto a la no aplicación de la eliminación de las bonificaciones impuestas por ley, la representante del Ministerio comunicó a la delegación jerezana que se procederán a estudiar las “consecuencias legales que implica el voto en contra de parte de la oposición”.
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