La baja médica del secretario municipal y la oficiala mayor del Ayuntamiento de Jerez mantiene bloqueada la gestión del Consistorio, que se encuentra pendiente de convocar un Pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos de 2016 y la reincorporación de 91 afectados por el ERE tramitado en 2012.
La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha explicado hoy en rueda de prensa que tanto la documentación relativa a los presupuestos como el expediente para la reincorporación de esos trabajadores está preparada desde la pasada semana, pero sin embargo no se puede celebrar el Pleno “porque no hay quién lo convoque”.
Sánchez ha responsabilizado al PP de la baja médica presentada hace unos días por la oficiala mayor, que ejercía como secretaria en funciones, ya que esta formación política presentó una serie de preguntas relativas al ERE que debían ser contestadas antes de la celebración del Pleno.
La propia regidora ha admitido que “el segundo secretario se puso muy nervioso” a raíz de recibir el requerimiento del PP, “porque no estaba muy encima” del asunto, considerando además que la documentación solicitada por el grupo popular es “totalmente innecesaria”.
La solución al “bloqueo” que vive ahora el Ayuntamiento de Jerez es “que viniera un secretario voluntario” desde otro Consistorio, pero “no se puede obligar a nadie”, ha admitido Mamen Sánchez, sobre todo cuando, en el caso del expediente del ERE, tendría que estudiar abundante documentación.
La alcaldesa ha pedido al PP que retire su requerimiento, porque “no se debe presionar a los técnicos de esta manera”, y que llegado el caso “vote lo que quiera” en el Pleno que debe abordar esa reincorporación, porque “ahora mismo está taponando la entrada de 91 personas en el Ayuntamiento”.
El grupo popular remitió la pasada semana un escrito al Ayuntamiento solicitando que antes de la celebración de este Pleno el secretario informase “expresamente” si los acuerdos que se piensan adoptar con los extrabajadores “cumplen todos los requisitos legales” para que el Consistorio “pueda transigir en sus derechos reconocidos en las sentencias de instancia”.
Además, se pedía al secretario que aclarase si “en las transaciones propuestas el Ayuntamiento obtiene el beneficio requerido por las recíprocas concesiones recogidas en la legislación aplicable”.
En definitiva, lo que el PP quería era que el secretario aclarase si los expedientes de acuerdos transaccionales que se proponen aprobar son ajustados a Derecho “y al interés general que este Ayuntamiento debe perseguir”.
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