Cuatro agentes de la Guardia Civil, uno de ellos de Jerez, y destinados en Arcos y Ubrique, han sido sancionados con su traslado fuera de la provincia de Cádiz tras su participación en sendos juicios de carácter civil en los que, “en su obligación como testigos de decir la verdad”, tuvieron que declarar en contra de dos mandos del instituto armado.
Las mujeres de los cuatro agentes han creado una plataforma ciudadana bajo el nombre de No+Silencio, con la que pretenden evitar que sean “desterrados de la provincia”. Uno de los primeros lugares a los que han solicitado apoyo ha sido al Ayuntamiento de Jerez, donde se han reunido con la alcaldesa Mamen Sánchez para explicarle los detalles del caso y que les ayude a la hora de mediar ante el Ministerio del Interior.
En estes sentido, la alcaldesa, aprovechando su dilatada experiencia en el Congreso de los Diputados, ha ofrecido a los integrantes de la Plataforma trasladar al Ministerio del Interior la petición de que estudie suspender la ejecución de las sanciones hasta que no se resuelvan los recursos planteados por los cuatro guardias civiles.
Las integrantes de la Plataforma trasladaron a la alcaldesa el contenido de un manifiesto en el que explican que, si bien confían en la justicia y en las instituciones, creen que las sanciones impuestas, esto es el traslado a otras comandancias, serán suspendidas por las resoluciones judiciales y recursos disciplinarios que siguen su curso, si bien, “debido a los tiempos y plazos legales, dichas disposiciones pueden llegar demasiado tarde como para poder reparar la situación actual de los agentes y sus familias”.
Los agentes sancionados y sus familias entienden también que “existen mecanismos que pueden dejar en suspenso la aplicación de tales medidas coercitivas mientras los recursos están a la espera de resolución, y que tan sólo se precisa la voluntad de quien tiene potestad para ello, para que se reparen aunque sea de forma temporal o provisional y no se continúe con el proceso de destierro destinando a los agentes a otras provincias”.
Todo pasa por que la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior dicten las resoluciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de las sanciones y que los agentes pueden permanecer en sus unidades de destino mientras se resuelvan los recursos.
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