Aunque la empresa tiene firmado un contrato por cuatro años, el Ayuntamiento continúa conversando con los responsables de Diga 33 para negociar a la baja tanto el servicio que se presta como el importe que se debe abonar por el mismo.
No obstante, el alcalde Fernando Palma ya declaró recientemente que “el objetivo del Ayuntamiento es que se garantice la seguridad en las playas, aunque rebajando el número de personas y el material para atender a los bañistas. Si duda, ello va a precisar de una organización distinta del servicio de playas”.
El Ayuntamiento pretende rebajar al 50 % el coste del servicio, que en la actualidad se eleva a 600.000 euros por los tres meses de la temporada estival, lo que supone un coste de casi 6.000 euros al día. El año pasado, las playas fueron vigiladas por un centenar de socorristas entre el 9 de junio y el 9 de septiembre.
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