La Comisión de Desarrollo Rural ha organizado una doble sesión de comparecencias para la elaboración del diagnostico que permita la elaboración del Plan de Desarrollo Rural. En la sesión matinal, que ha contado con la presencia de la teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, bajo la presidencia de Raúl Ruiz Berdejo, han intervenido Pedro Gallardo vicepresidente de Asaja Cádiz, Jose Luis Ibáñez, secretario de organización de COAG, y Jacinto Carrasco, presidente de la Comunidad de Regantes de Gualdacacín. Todos han expuesto los problemas que detectan y las sugerencias para su solución, haciendo hincapié en la necesidad de la colaboración de las administraciones para ello.
Asaja ha abierto la exposición de la situación del campo jerezano pidiendo la apertura de mercados para el vino del Marco de Jerez y una mayor diversificación de los cultivos. Ha solicitado a las administraciones que mejoren las redes de caminos y los suministros de agua. De esta forma –ha abundado- se podrá apostar por sectores como el agroturismo. Respecto al PTA, Pedro Gallardo ha abogado por facilitar la instalación de industrias privadas que transformen los nuevos cultivos que crecen en Jerez, como las almendras y el olivar, y que pueden dejar el valor añadido en la zona. Finalmente ha pedido una integración vertical entre agricultores y las cooperativas, y acabar con la legislación compleja del sector.
Jose Luis Ibáñez ha dedicado sus primeras palabras a lanzar una doble advertencia: el campo Jerez envejece y hay una falta de rentabilidad en la producción. Según COAG, la población joven se marcha a otros sectores, a pesar de que hay líneas de de ayudas a la inversión (modernización y jóvenes), pero sucede que muchas veces los expedientes para solicitarlas no se concretan porque se retrasa la concesión de licencias y permisos municipales; por este motivo ha pedido celeridad en la tramitación, poniendo como ejemplo la construcción de naves para las explotaciones. Ibáñez ha recalcado también que se cambien en el PGOU las dimensiones obligatorias de las explotaciones, ya que la normativa actual limita la construcción de equipamientos, además de la creación de un cuerpo de vigilancia para evitar robos
También ha demandado a la Junta que arriende tierras que están bajo su titularidad y que no se explotan, unas 25 hectáreas ha asegurado. COAG también ha abogado por la diversificación de cultivos (hortalizas); ha sugerido que el PTA realice una labor intermediadora para la instalación de industrias. Y respecto al río Guadalete, Ibáñez se ha referido a las explotaciones mineras, solicitando que se regeneren en aras a recuperar las parcelas de cultivo próximas. No obstante, han sido los caminos rurales donde COAG ha sido más vehemente en su exposición. Jerez posee miles de kilómetros de caminos rurales pero es difícil demostrar la titularidad y si no hay titularidad no se pueden invertir fondos europeos (ITI o FEDER). Ha solicitado a las administraciones que procedan a la titulación. Por último ha advertido que los GDR, según un borrador de una nueva orden, no va poder aceptar proyectos de inversión en regadíos.
Jacinto Carrasco ha subrayado que el mayor problema de los regantes es que se encuentran en manos de las eléctricas. Tras la modernización de los regadíos los costes se han elevado un 80%, unos 200 euros por hectárea. Además deben pagar todo el año un coste mínimo de 35 euros hectárea/mes, cuando no todos los meses necesitan energía (1,5 millones de euros al año de los que 370.000 son de potencia contratada). A este problema se suma el que no pueden cobrar el IVA a los regantes comunitarios porque son un ente público y, por todo ello, han pedido una central hidroeléctrica en el embalse de Guadalcacín para abaratar los costes de producción.
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