La subvención de 19,7 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía a González Byass “para atenuar las consecuencias del despido de los trabajadores prejubilados” afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido por esta empresa en abril de 2008 prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Esa es la principal conclusión a la que llega el equipo pericial designado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la elaboración de un informe con el objetivo de atender el requerimiento de auxilio jurisdiccional del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que como se sabe investiga la trama de los ERE irregulares.
En el informe -al que este medio ha tenido acceso- se advierte de que del análisis de la documentación examinada queda claro que a la hora de otorgar esta subvención no se publicaron las correspondientes bases reguladoras, entre otras cosas porque no existen.
Además, no consta la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión de esta ayuda, ni se acredita su carácter excepcional ni la finalidad pública o interés social y económico que la justifique. De igual modo, el equipo pericial designado por la IGAE deja constancia de que no consta que el beneficiario de la subvención la solicitara formalmente, como tampoco consta la resolución motivada de concesión por parte de la Consejería de Empleo ni los requisitos requeridos a los beneficiarios.
Por otra parte, el informe acredita que el titular de la Dirección General de Trabajo (DGTSS) “carece de competencia delegada, con los requisitos legalmente establecidos, para la concesión de esta subvención y para la ordenación del pago de la misma”.
Además, el crédito presupuestario utilizado para su otorgamiento “no es adecuado” y tampoco consta que se haya seguido “el procedimiento exigido por la Ley de Contratos del Estado para la selección de la entidad aseguradora”.
El equipo pericial concluye igualmente que “no consta” que la consejería se ajustase a los límites legales establecidos para la asunción de compromisos de carácter plurianual ni que el expediente de concesión de la ayuda fuera sometido a fiscalización previa por parte de la intervención delegada.
Tampoco consta la “preceptiva autorización” del Consejo Rector de IDEA para el pago de los importes superiores a 450.759,08 euros ni la aprobación del gasto de subvención por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al ser superior a 3.005.060,52 euros.
Un ERE que supuso 87 bajas laborales
El ERE de abril de 2008 supuso la extinción de 87 contratos de trabajo “por causas organizativas y productivas”. La mayoría fueron prejubilaciones que la Junta incentivó con un procedimiento que ahora cuestiona este informe.
Antonio Fernández, el gran ‘intruso’
Como es sabido, en este ERE aparecía el nombre del exconsejero Antonio Fernández García, a pesar de que había causado baja en la empresa en octubre de 1981. El propio Fernández alegó que se trataba de un error y renunció a cualquier derecho.
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