El Gobierno local tiene ya sobre la mesa un informe jurídico que ampara la readmisión de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido por el Ayuntamiento hace ahora tres años cuyos despidos han sido declarados improcedentes por los juzgados de lo Social.
Se trata del primer paso necesario para garantizar la legalidad de la readmisión de estos trabajadores, una vez que el Gobierno anterior había recurrido las sentencias judiciales ante el Tribunal Supremo, existiendo hasta ahora la duda de que la propia administración pudiera dar marcha atrás en esta decisión inicial.
La voluntad política del Gobierno que preside Mamen Sánchez debe sobreponerse ahora a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide que el Ayuntamiento incremente la partida destinada a personal.
En este sentido, afectados por el ERE expresaban ayer a este medio su confianza en que las medidas aplicadas en estas últimas semanas -que han permitido una minoración del coste de la estructura política y técnica- puedan compensar el coste que va a suponer la readmisión de estos trabajadores.
Así, se recuerda que el Ayuntamiento mantiene prorrogados los presupuestos del ejercicio 2014, estando previsto que en estas próximas semanas puedan aprobarse los correspondientes al año en curso, que ya incluiría en el capítulo 1 la reducción de los costes de las estructuras política y técnica.
Según la información ofrecida estas últimas semanas por el propio Ayuntamiento, el coste de la estructura política se ha reducido en 640.000 euros anuales; mientras que en el caso del organigrama técnico el ahorro previsto es de 840.000 euros. La suma de ambas medidas liberaría alrededor de 1,5 millones de euros, una cantidad que podría permitir la reincorporación de estos trabajadores.
Conviene recordar al respecto que de los 260 empleados afectados por el ERE hay que eliminar a aquellos que habían cumplido 59 años en el momento de tramitarse el expediente, ya que sus despidos han sido considerados procedentes por los juzgados de lo Social.
Del resto, se estima que podrían reincorporarse al Ayuntamiento entre 70 y 80 extrabajadores, que son los que han mostrado voluntad de hacerlo y cuentan con sentencias favorables.
Muchos de ellos dejaron de percibir prestaciones por desempleo hace ya un año, manteniéndose desde entonces con una ayuda de 426 euros mensuales. De ahí que el colectivo exprese su confianza en que el asunto pueda resolverse de manera definitiva lo antes posible.
El Gobierno mantiene su compromiso
El Gobierno local reiteró ayer que trabaja para reincorporar a los afectados por el ERE, “cumpliendo escrupulosamente la legalidad”. Para ello “se han mantenido diversas reuniones tanto con representantes de afectados como con sus representantes legales y miembros del gabinete jurídico del Ayuntamiento”.
El Ejecutivo admite que tiene ya en su poder ese informe jurídico y confirma que el lunes dará traslado del mismo a los afectados. Según el Gobierno, el procedimiento “ha sido consensuado con los partidos de la oposición y se ha informado tanto a la junta de personal como al comité de empresa” del Ayuntamiento.
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