“No me lo esperaba, pero por fin se ha hecho justicia. Tenía mucha defensa porque mi minusvalía nunca me ha impedido trabajar, no estoy menos cualificado; diría que he trabajado incluso mejor que otros pese a ello. Con lo que ha quedado demostrado que mi despido como el de mis compañeros se hizo sin criterio alguno”. Son palabras de Juan Pedro Benítez, el vigilante municipal de Medio Ambiente de 47 años. Junto a otros 259 trabajadores, su nombre formó parte en 2012 de la ‘lista negra’ del ERE aplicado por el Ayuntamiento. Ahora el Juzgado de lo Social número 2 de Jerez acaba de considerar nula esta extinción de la relación laboral, por lo que en menos de un mes volverá a su puesto de trabajo. En la sentencia, la juez estima la demanda formulada por el denunciante --que llevaba 14 años trabajando para la Administración local-- y, tras declarar la nulidad de la extinción de la relación laboral, condena al Ayuntamiento jerezano a readmitir al trabajador con el abono de los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de la notificación de la sentencia. Asimismo, la magistrada considera “probado” que la entonces delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosado (PP), eligió a este empleado “que tenía reconocida una discapacidad y adaptó su puesto de trabajo a su minusvalía” frente a otros trabajadores “por su menor eficacia y eficiencia”. De igual manera, la sentencia se refiere también a las manifestaciones del director del área del Servicio de Medio Ambiente durante el juicio, en el que indicó que “no efectuó ningún informe ni evaluación por escrito para el despido del actor, aunque mantenía reuniones periódicas con la delegada, conocía su discapacidad y no fue consultado para el despido”. En este sentido, la juez concluye que despedir una persona discapacitada con el puesto de trabajo adaptado --era vigilante de Medio Ambiente-- por tener menos eficacia o eficiencia “puede ser un indicio de discriminación por discapacidad”. Por esta razón, estima que “hay indicios suficientes” de “vulneración de derechos fundamentales” en cuanto a la discriminación del denunciante por su discapacidad. Contra la sentencia, que no es firme, cabe recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cual deberá anunciarse en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la resolución. El abogado del denunciante, Rodrigo Tejero, que ha llevado el caso a otros 37 trabajadores despedidos por el ERE municipal, ha resaltado que la “circunstancia particular” de la minusvalía de este trabajador, que en su caso es de un 33 por ciento, ya ha sido alegada en otros seis casos más sin que hasta ahora hubieran prosperado. Se da la circunstancia de que después de dos años y medio de lucha en los que ha formado parte de la plataforma de afectados por el ERE este padre de familia llevaba un mes trabajando. Empleo que ahora dejará para regresar al Ayuntamiento, lo cual espera hacer “en 15 o 20 días”. Como la mayoría de afectados por el ERE, este trabajador no dudó en agotar su último cartucho en las demandas individuales, y ahora después de casi tres años ha visto los frutos de su lucha. Para Juan Pedro, tanto nulidad de su sentencia como las sentencias favorables de sus compañeros “había otras maneras de echarnos y no como lo han hecho porque ahora estos años sin trabajar me los van a tener que pagar. Y lo peor de todo es que no lo van a pagar ellos (por el anterior gobierno del PP) sino que lo va a pagar Jerez. Si hubieran hecho las cosas en condiciones se hubieran ahorrado dinero”.
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