Los profesionales de la enseñanza concertada han sido convocados a una concentración que tendrá lugar esta tarde ante la Delegación de Educación de la Junta en Cádiz con el objetivo de demandar un trato igualitario con respecto a los compañeros que trabajan en los centros educativos de titularidad pública.
La protesta ha sido organizada por la Plataforma por la Homologación y cuenta con el respaldo de CCOO, UGT, FSIE y USO. Los convocantes quieren mostrar ante la Delegación de Educación de la Junta su “malestar e indignación” ante el “atropello” que aseguran estar sufriendo los trabajadores de los centros concertados por el Gobierno andaluz en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta para 2015, ya que las cuentas públicas andaluzas impiden la recuperación de las cantidades que fueron recortadas de sus salarios.
Asimismo, tildan de “injusto e ilegal” que a partir de enero de 2015 repongan a los docentes de los centros públicos lo recortado y no a los de los concertados. De este modo, entienden que “mantener los recortes al colectivo durante el próximo año no será ya consecuencia de la crisis, sino la voluntad de un Gobierno que engaña y traiciona a los docentes de estos centros”.
El profesorado de Religión, en peligro
Por otra parte, los profesionales adscritos al área de Valores Cívicos y Enseñanzas de Religión han organizado otra movilización para el próximo 20 de diciembre, que se llevará a cabo en Sevilla y que cuenta con el apoyo de CSIF, USO, Apprece Y ANPE. En este caso, el problema viene dado por la decisión de la Junta de reducir a 45 minutos la carga lectiva de este área en la Educación Primaria.
Los sindicatos convocantes advierten de que su “principal preocupación” es “el drama laboral y familiar que se cierne sobre más de 2.000 docentes andaluces de Religión, el 97 por ciento laicos, madres y padres de familia, la mayoría mayores de 45 años, que han desarrollado toda su experiencia profesional en la enseñanza de esta materia”. Se trata por tanto de un colectivo “de especial vulnerabilidad y dificultad para su reinserción laboral” y que según estas organizaciones se encuentra ahora amenazado como consecuencia de la decisión de la Junta.
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