La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, comparte la preocupación que la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad ha expresado, sobre la situación de la residencia de La Granja, único recurso público en Jerez con más de 30 años de existencia. Este centro de personas mayores “presenta un estado de dejadez absoluto por parte de la Junta ya que, a día de hoy, tres plantas permanecen cerradas”. Este centro anteriormente tenía como función la atención residencial de personas mayores válidas y, estaba previsto, desde enero de 2005, su adaptación a la normativa de dependencia. A fecha de hoy dicha adaptación no se ha producido “según me dijo la delegada territorial anterior Manuela Guntiñas, este centro residencial de Jerez, junto con el de Algeciras, pasaba a ser centro de exclusión y dejaba de ser centro dependencia”. La residencia apenas supera el centenar de plazas ocupadas, a pesar de contar con una capacidad de 250 plazas, “es un recurso muy necesario para la ciudad que se haya infrautilizado; y es necesario dotarlo de personal específico para la atención del nuevo perfil de usuario”, ha resumido la delegada.
“Esto nos da una idea de la fragilidad del sistema de protección y de la desigualdad que existe en nuestra Comunidad Autónoma. Jerez, desde la implantación de la Ley de la Dependencia en 2007 ha perdido más 300 plazas residenciales para personas mayores”, ha explicado.
Isabel Paredes ha culpado también de la actual situación a la Orden del Gobierno Andaluz del pasado 26 de febrero de este mismo año, que regula las plazas residenciales. “Desde 1996, año en el que se publicó la última normativa, se ha estado prometiendo por parte de la Junta un incremento del pago por plaza concertada para mayores y personas dependientes. Y no ha sido así, sino que desde febrero, la Junta ha recortado. Ha hecho todo lo contrario de lo que prometía”.
La delegada ha señalado que el recorte que ha hecho la Junta en plazas residenciales para mayores, además de dejar en la estacada a las personas dependientes y a sus familias, está perjudicando a la creación de empleo en nuestra comunidad, ya que al pagar menos por plaza concertada, ya demás de que no se incrementan las públicas, va a dejar sin trabajo a miles de mujeres de profesiones muy feminizadas, como cuidadores, trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas… En este sector se va a producir un importante recorte, por lo que las medidas de la Junta van a poner en situación insostenibilidad el sistema de dependencia”.
En concreto, con esta orden va a reducir las plazas reservadas, y van a ser los propios usuarios los que van a tener que cubrir lo que la Junta se ha negado a pagar. “Vamos a pasar de que se pague el 75 por ciento a tener que pagar el 90 por ciento de las plazas concertadas”, ha explicado.
Según ha comentado Isabel Paredes, este duro recorte ha supuesto, por ejemplo, que el Centro de Acogida San José de Jerez tenga menos ingresos que la Junta ha recortado en cinco las plazas concertadas. Y se estima que en próximos meses ese recorte se incrementará en 9 plazas menos, lo que supondrá unos 10.000 euros menos al mes para este centro, tal como quedó demostrado en la última junta patronal de la Fundación, donde fueron analizados los efectos que produce dicha orden.
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