La Pastoral Familiar de Asidonia-Jerez ha expresado su "rechazo" al protocolo sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz impulsado por la Junta de Andalucía, que "contempla la transexualidad en púberes y adolescentes".
Los agentes de Pastoral Familiar, los miembros de movimientos familiares y padres y madres de familia de la Diócesis de Asidonia-Jerez han respaldado un comunicado en este sentido nacido en el encuentro anual que celebraron día 28, según publica la Diócesis jerezana en su página web, consultada por Europa Press.
El comunicado expone que "la transexualidad o disforia sexual o Trastorno de la Identidad de Género (TIG), como afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reconoce todo el mundo científico, no tiene nada que ver con la homosexualidad, pues a diferencia de ésta, la transexualidad requiere intervención médica y psicológica".
Por ello, entienden el protocolo de la Consejería como "un ejemplo claro de imposición autoritaria de una actuación que médicamente no está suficientemente validada". Consideran que la Junta no quiere entrar en debate sobre la posible patología de unas personas y buscar para ellas lo mejor en orden a su dignidad desde el punto de vista médico, existencial y humano, sino que "trata de imponer de manera unilateral una ideología que distorsiona interesadamente el bien de las personas".
Alude a "evidencias científicas" como que "entre el 80 y el 95 por ciento de los niños llegados a la pubertad con TIG no siguen experimentando dicho trastorno en la fase siguiente de la adolescencia". Por tanto, las medidas del protocolo de la Consejería de Educación pueden ser, en su opinión, consideradas como "una estrategia de tratamiento psicológico para un proceso previsiblemente irreversible".
Señala que esto "podría provocar un daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven, no pudiendo volver atrás sobre las terapias recibidas, algo que atenta al derecho a la salud, que exige la atención sanitaria fundada en los principios de reversibilidad total de los tratamientos".
Abunda que este protocolo "atenta a los derechos educativos", pues "obliga a que los colegios, los alumnos y sus padres deban admitir que la mera presencia de un signo indicativo de posible trastorno conlleve la exigencia de usar vestuarios y servicios contrarios al género del niño o de la niña, imponiendo de esta forma una ideología y violando así el derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral que ellos están viviendo y quieren para sus hijos".
Por todo ello, sostienen que es "rechazable desde el punto de vista ético y jurídico" la posibilidad de que "grupos de presión utilicen el medio escolar y a los niños como campo de expansión de su ideología", que, a su juicio, "va más allá del respeto que se debe a toda persona con Trastorno de la Identidad de Género".
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