El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido investigar si hay causa o no para vincular el caso Gürtel con Jerez, como consecuencia de la adjudicación supuestamente irregular, por parte del Ayuntamiento jerezano, a la red de Francisco Correa, del stand de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del año 2004 y varias actividades promocionales de la ciudad con motivo del citado evento.
Así consta en un auto en el que el magistrado admite a trámite un recurso de reforma presentado por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de Boadilla del Monte (Madrid) que el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, tenía encima de la mesa desde mayo de 2011.
Ruz recuerda que el 29 de junio de 2011 el juez Pedreira dictó una providencia en la que anunciaba la resolución del recurso “sin que al día de la fecha haya sido resuelto el mismo”. Tras preguntar el pasado 17 de marzo a los recurrentes si mantenían su iniciativa, tanto la acusación pública como la particular se ratificaron en su recurso.
El juez Pedreira ya había dictado un auto en mayo de 2011 en el que no admitía a trámite la denuncia presentada por el PSOE por las citadas adjudicaciones, pero la agrupación política recurrió la decisión sin que hasta la fecha se conozca el dictamen judicial, que es a donde pretende llegar el magistrado de la Audiencia Nacional en su nuevo auto de cara a admitir o no, definitivamente, la denuncia relativa al caso.
La intención de Ruz, para llegar a tal fin, es que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emita un nuevo informe relativo a toda la documentación presentada por el Ayuntamiento de Jerez sobre las citadas adjudicaciones, entre la que se encuentra el informe del secretario validando los contratos y la ratificación del Consejo del Instituto de Promoción de la Ciudad. Será entonces, a la luz de ese nuevo informe, cuando el juez Ruz decida si admite o no la denuncia presentada originalmente en febrero de 2009.
Fuentes del Partido Popular no han querido dar mayor importancia al auto del juez Pablo Ruz, recalcando el hecho de que “lo único que está haciendo es recabar nueva información de la IGAE para resolver sobre la denuncia existente”, aspecto éste último para el que esperan de nuevo la inadmisión de la misma en función de la documentación existente.
El magistrado, en todo caso, ha tomado esta decisión a raíz del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido el pasado 28 de febrero y en el que se aludía a la adjudicación de contratos presuntamente irregulares a las empresas de Correa a través de un procedimiento que se desarrolló sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos.
Los investigadores señalaban que el presunto número dos de la red Gürtel, Pablo Crespo, y los trabajadores Isabel Jordan y Javier Nombela efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.
Además, apuntaban que las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido "casi un mes" desde su finalización. "De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado", remarcaba el informe.
PELAYO DEFIENDE LA LEGALIDAD DEL PROCESO
Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, compareció el pasado día 17 ante el pleno de la corporación para rendir cuentas por la supuesta contratación irregular de la presencia de Jerez en Fitur 2004. Así las cosas, la regidora se amparó en los informes técnicos que otorgaron su visto bueno al procedimiento.
El propio primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, se encargó de recordar al Pleno que en el Ayuntamiento ha sido práctica habitual que las contrataciones de servicios carezcan prácticamente de expediente. El caso de Fitur 2004 sería por tanto uno de más de no darse la circunstancia de que las empresas contratadas han sido vinculadas a la trama Gürtel. Y ahí, García-Pelayo fue tajante al asegurar que si entonces -en 2004- se hubiera sabido lo que hoy se conoce de las sociedades de Correa no se hubieran llevado a cabo esas adjudicaciones.
En el curso del debate acerca de las contrataciones investigadas por la Audiencia Nacional dentro del caso Gürtel, la alcaldesa recordó que hace 10 años “nadie” sabía lo que hoy se sabe sobre esta trama y cómo “iban a terminar” esas empresas.
En su intervención, la alcaldesa destacó que los expedientes de contratación pasaron por tres controles, el administrativo, el político y el judicial, añadiendo que el trabajo “se realizó”, tuvo retorno para la ciudad, y se pagó “tarde” y a un precio “lógico” y “de mercado” de unos 300.000 euros.
En este sentido, García-Pelayo comparó el “impacto mediático” que tuvieron aquellos espectáculos ecuestres ofrecidos en la Plaza Mayor de Madrid con otros eventos organizados en la etapa del Gobierno socialista, como un maratón, que costó 250.000 euros.
La regidora insistió en que el expediente de contratación de Fitur 2004 se tramitó “de acuerdo con la legislación vigente en aquél momento” y con “todos los vistos buenos de los funcionarios”, por lo que es “absolutamente impoluto”.
Ese expediente, según García-Pelayo, justifica entre otras cosas que el Ayuntamiento recurriera a un procedimiento de contratación negociado y urgente.
Además, la alcaldesa recordó que los contratos fueron posteriormente ratificados por unanimidad en el consejo de administración del Instituto de Promoción de la Ciudad, donde estaban representados todos los grupos de la oposición, dándose el caso de que alguno de ellos se ausentó de esa reunión, lo que a juicio de García-Pelayo demuestra que el proceso de adjudicación de los servicios no había levantado ninguna sospecha.
De hecho, la regidora entiende que la oposición ratificó esos contratos “porque tampoco sabía que esas empresas iban a estar hoy dónde están”, ya que de haber sido así, el Gobierno local tampoco les hubiera adjudicado estos servicios.
A este respecto, García-Pelayo advirtió de que con posterioridad, en la etapa de Gobierno de la socialista Pilar Sánchez, el Ayuntamiento también firmó contratos con otras empresas vinculadas a Gürtel, como Teconsa, igualmente porque entonces se desconocía la existencia de esta trama.
García-Pelayo recordó por último que la causa ya fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apreciándose entonces la inexistencia de indicios de criminalidad en el procedimiento y advirtiendo de que una posible irregularidad administrativa en un proceso de contratación “no tiene por qué” acarrear “consecuencias penales”.
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