La alcaldesa, María José García-Pelayo, admitió ayer que el Ayuntamiento no podrá devolver en los plazos inicialmente previstos los más de 400 millones de euros acogidos a los distintos planes de pago a proveedores promovidos desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Este es el motivo principal por el cual el Gobierno local no ha elevado aún a Pleno la aprobación de los presupuestos correspondientes al presente ejercicio, a pesar de que el mes de febrero se encuentra ya a punto de finalizar. El problema es que García-Pelayo no ve con buenos ojos la inclusión en esos presupuestos de partidas económicas a las que luego no se va a poder hacer frente.
De ahí precisamente que se trate de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que permita “flexibilizar” un calendario de pagos que inicialmente contemplaba la devolución íntegra del préstamo -más intereses- en un plazo máximo de diez años.
La alcaldesa parte de la base de que “una deuda que se ha generado en 30 años no se puede pagar en 10”, y en la necesidad de mantener la normal actividad del Consistorio sin que el ICO “estrangule” las arcas municipales. “Mientras no tengamos claros los plazos de devolución del préstamo no tendremos presupuestos”, aseveró García-Pelayo.
Un pago inasumible
Según la propia alcaldesa, a lo largo del presente ejercicio el Ayuntamiento tendría que devolver 38,5 millones de euros (19,5 de capital y 19 de intereses); mientras que en 2015 esa cantidad se dispararía hasta los 60,6 millones de euros (42,9 de capital y 17,7 de intereses).
Incluir esos pagos en el presupuesto municipal supondría “engañar al ministerio y a los ciudadanos”, convirtiendo a ese documento en un “auténtico paripé”, de ahí que se haya optado por prorrogar esos presupuestos a la espera de que las negociaciones que se han puesto ya en marcha permitan flexibilizar el calendario de amortización del préstamo.
La alcaldesa dio a entender que otros regidores populares se encuentran en la misma tesitura, de ahí que estén haciendo una especie de frente común para tratar de convencer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la necesidad de arbitrar algún tipo de medida que permita afrontar esos pagos pendientes.
Irene García comparte el discurso de García-Pelayo
La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, anunció ayer que el grupo socialista de la Diputación va a presentar una propuesta que elevará al Pleno de la institución provincial en la que pide al Gobierno que “flexibilice el plan de pago a proveedores y mejores las condiciones leoninas de la devolución del préstamo contraído por los ayuntamientos con las entidades financieras”.
En una nota de prensa, García explicó que el objetivo de la misma es “evitar la más que segura asfixia financiera de los municipios, especialmente para aquellos que ya arrastran evidentes problemas para asumir sus compromisos de pago como de aquellos que, por su pequeño tamaño, cuentan con especiales dificultades para alcanzar un umbral mínimo de ingresos”.
De manera paralela, el PSOE-A de Jerez calificó de “gravísimas” las declaraciones realizadas por la alcaldesa al reconocer públicamente que no podrá pagar el préstamo en 10 años; lo que a juicio de los socialistas “confirma una vez más la feroz intervención del Ayuntamiento por Hacienda”. “Ya advertimos de que se había condenando al Consistorio a la ruina y a la indigencia absoluta”, añadieron.
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