La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez, acusada de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco del conocido como 'caso asesores II', ha acusado al también exalcalde jerezano Pedro Pacheco, que ejerce como acusación particular, de actuar contra ella "por venganza y rencor" y haber hecho "un uso indebido, grosero y obsceno del sistema judicial". Asimismo, ha dicho que confía "absolutamente" en que la justicia pueda resarcirla a ella y a su familia de "todo el sufrimiento y el daño personal y profesional" que se le ha generado a causa de este procedimiento.
La principal imputada se ha expresado de esta manera ante el tribunal después de que las partes presentaran sus conclusiones finales en el juicio, que se viene desarrollando desde el lunes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz y que ha quedado visto para sentencia.
Sánchez, que ha querido dejar claro que "no me dedico a la política, vivo de mi trabajo" y ha enfatizado que el hecho de que Pacheco actúa contra su persona "por venganza y rencor" se demuestra con el hecho de que cuando este miércoles acudió citado como testigo, antes de la sesión dijo a dos de los imputados: "Lo siento, sabes que esto no va contigo".
En la exposición de las conclusiones finales por parte de las defensas de los siete imputados --la exalcaldesa, cinco supuestos enchufados y un técnico que habría intervenido en el proceso de preselección de tres de ellos--, todas han coincidido en reseñar el "deseo de venganza" del promotor del procedimiento, Pedro Pacheco, a quien piden que asuma las costas del mismo "porque ha hecho méritos".
Así, el letrado de Sánchez, Juan Pedro Cosano, ha asegurado que pese a modificaciones del escrito de calificación de los hechos presentado por la acusación "seguimos sintiéndonos indefensos" y ha dicho a la Sala que "no deberíamos haber llegado hasta aquí, porque esta Audiencia podía haber puesto fin al calvario de recursos de apelaciones contra el acto de apertura de juicio".
De igual manera, Cosano ha señalado que la acusación popular "ha estado movida por el rencor" y ha conseguido "someter" a siete personas --por los procesados-- "a la exposición pública", "mancillándoles su honor", tras resaltar que los presuntos enchufados se han sentado en el banquillo de los acusados "por pertenecer al PSOE".
Por ello, ha confiado en que una sentencia "absolutoria" pueda "reparar" el "estigma de la imputación" y el "daño" causado por el proceso y ha resaltado la ausencia de pruebas "incriminatorias" contra Pilar Sánchez, su patrocinada, y el resto de procesados.
En este sentido, ha calificado de "temeraria", "infundada" e "insostenible" la denuncia de Pacheco, del que ha llegado a decir que "ha querido situarse como cazador y la escopeta le ha explotado en plena cara".
En esta línea, José Manuel Careño, letrado de Francisco Gil, procesado también en esta causa al ser beneficiario de un cargo de alta dirección de forma presuntamente irregular, ha pedido al tribunal que "deduzca testimonio" contra Pacheco por si su actuación con esta querella fuera constitutiva de un delito de una denuncia falsa.
LA ACUSACIÓN
Por su parte, la acusación popular, ejercida por el letrado Manuel Hortas, ha resaltado en su alegato final la ausencia de "soporte legal" que justifiquen que las dos contrataciones de "alta dirección" suscritos en 2005, de las que ha dicho que se hicieron de forma "tosca, grosera y vulgar" para "satisfacer el ansia de poder".
Respecto a las otras tres contrataciones de laborales, cuya preselección se realizó a través del Serjil (Servicio Jerezano de Inserción Laboral), el abogado de la acusación ha considerado que "se ha prostituido" este sistema de búsqueda de empleo, al entender que hay "elementos de irregularidad más que sobrados" en los tres casos enjuiciados.
En este sentido, se ha referido a "maniobras" en dichos contratos, como el de la exdelegada municipal de Medio Ambiente, procesada en este caso, que fue suscrito "con fecha anterior a la emisión de la resolución presupuestaria", o el de Dolores Caravaca, otra de las imputadas, de la que ha dicho que se le envió un mensaje de alerta de una oferta de trabajo "deliberadamente" y, por tanto, "la supo antes que ninguna persona".
Sobre el técnico imputado, José María Martínez Martín, la acusación popular ha mantenido que este jefe de departamento del Serjil "colaboraba de forma efectiva" el proceso de preselección "para dar apariencia de legalidad" en la firma de los informes de los tres contratos laborales que se cuestionan.
Por su parte, el fiscal, que no ha presentado cargos en esta causa al igual que el Ayuntamiento jerezano, ha pedido una sentencia absolutoria para los siete procesados.
Cabe recordar que, finalmente, tras modificar su petición de penas, la acusación solicita diez años de inhabilitación para la exregidora socialista por un delito de prevaricación y cinco años de cárcel por malversación de los casi 24 reclamados inicialmente, además de haber retirado para todos los procesados el delito de falsedad documental.
Para los cinco supuestos enchufados imputados en la causa pide cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años y seis meses de cárcel como cooperadores necesarios de los delitos antes indicados.
Para el técnico del Serjil que habría participado en la preselección de tres de ellos, pide cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.
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