El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Ministerio de Defensa a “paralizar de forma urgente e inmediata” el Plan de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario de Defensa. Así lo ha hecho público su portavoz adjunta y diputada por Cádiz, Mamen Sánchez, quien ha solicitado también a este Ministerio que “inicie un diálogo con los grupos parlamentarios, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos afectados, con el objetivo de compaginar la racionalización del patrimonio inmobiliario de Defensa con las necesidades y el desarrollo de los lugares donde se ubica”.

La diputada ha recordado que este programa del Ministerio de Defensa se traducirá en el cierre de las residencias militares de descanso de Algeciras y Jerez, de la residencia y de los alojamientos logísticos militares de San Fernando y Tarifa, y en el cierre parcial de la residencia de Cádiz. Paralelamente, el Plan de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario de Defensa prevé la venta de espacios y la reubicación de los servicios que actualmente se alojan en ellos, como el Pabellón de la Candelaria, la Factoría de Subsistencia y el Almacén de Víveres de San Fernando; y la oficina delegada de Defensa en Algeciras.

“Más allá de lo que puede supone la venta de inmuebles y el cierre de servicios por parte de Defensa, hay que destacar que el Ministerio no ha abierto ni el más mínimo diálogo con la Junta de Andalucía o con los ayuntamientos afectados”, ha explicado Mamen Sánchez, quien ha incidido en la necesidad de que se cuente tanto con la Administración autonómica como con los consistorios “para hablar de instalaciones y de terrenos que sí interesan, y mucho, a los municipios”.

En este sentido, la diputada socialista ha planteado una batería de preguntas para que el Gobierno explique cuál es la situación de la negociación acerca de terrenos como Camposoto, Fadricas, Sierra del Retín, Rancho de la Bola y Garrapilos; así como de instalaciones situadas en Algeciras, San Roque o Tarifa, además del Casino Militar de Cádiz.

La diputada socialista ha calificado de “intolerable” la “falta de transparencia del Ministerio de Defensa, que ha ido anunciado el cierre o traslado de centros, pretendiendo la subasta al mejor postor, enajenando propiedades sin ningún diálogo con los grupos parlamentarios ni con las instituciones territoriales afectadas”. En este sentido, ha recordado que “en octubre de 2012, el Grupo Socialista presentó una iniciativa, que fue rechazada por el PP, en la que se aportaban elementos constructivos al debate y se pretendía la participación de las instituciones afectadas en la propuesta de racionalización y utilización del patrimonio inmobiliario de Defensa”.

“En un momento en que los bienes inmobiliarios se encuentran absolutamente depreciados, es muy difícil justificar la oportunidad de un plan que pretende deshacerse de ese tipo de propiedades, y mucho menos defenderlo como una iniciativa eficiente”, ha asegurado Mamen Sánchez, quien ha añadido que “ni siquiera puede argumentarse un supuesto ahorro que no es tal, porque el Ministerio tiene que responder a los préstamos pedidos para pagar los programas de armamentos y a todo ello hay que sumar una inversión de unos 40 millones de euros que será necesaria para el traslado de personal y de material de las distintas unidades”.

La diputada ha señalado igualmente que “en una supuesta racionalización de las infraestructuras, el Ministerio parece haber olvidado el uso social al que hasta ahora se estaban destinando las propiedades o terrenos desafectados del uso de la Defensa. De la misma manera, ha obviado completamente el interés que puede existir por parte de algunos ayuntamientos en lograr la cesión de los bienes afectados por este plan, de manera que más bien parece que la auténtica finalidad es únicamente hacer caja para pagar al Ministerio de Hacienda los préstamos para el pago de armamentos”.

Finalmente, Mamen Sánchez se ha referido al “lógico malestar” de aquellos municipios en cuyos términos se encuentran los bienes que pretenden ser vendidos o clausurados, ante la “absoluta falta de transparencia y de diálogo” con la que el Ministerio de Defensa se ha comportado en todo lo relativo a este Plan de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario.