Castillo considera que “hoy en día es muy difícil que haya abusos porque existe un control judicial por parte de la Fiscalía de Menores y de la dirección general, así como de observatorios de todo tipo”, del que en su opinión no puede escapar ningún caso de este tipo. Se trata, dijo Castillo, de “la aplicación de los medios de contención en cualquier Estado de derecho.
Castillo insistió en que “no ha habido casos en los tres años que llevo como director. Todo se ajusta a la normativa”. De igual modo, dijo que pondría la mano en el fuego por los responsables de otros centros en toda España: “Dudo que ello ocurra en ningún centro”, ya que en el reglamento que se refiere a la protección de menores en desamparo y con problemas de conducta, se establecen mecanismos de control al efecto.
Denuncias
El origen del informe del defensor del pueblo fue la aparición de quejas y denuncias de los educadores recibidas por Enrique Múgica en centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.
En dicho documento, Múgica, cuya investigación se centró en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, pero que después se amplió a todo el país, se habla de contenciones físicas y mecánicas ante la alteración del menor, en ocasiones con agresividad”.
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