Según explicaba el propio protagonista en un comunicado interno a sus compañeros de formación el pasado viernes 30 de enero, aquella misma mañana “se me ha tomado declaración por el expediente por falta muy grave con motivo de nuestra asistencia a la manifestación del 18 de octubre”. El responsable continuó afirmando que “a la media hora, se me ha notificado la propuesta de resolución”.
Este resultado provisional de los cargos, susceptibles de ser sancionados con seis meses de privación de empleo y sueldo o incluso la expulsión del cuerpo, indica “la terminación del expediente sin declaración de responsabilidad para el guardia civil José Antonio Agudo Martín-Cleto”.
Los fundamentos jurídicos desglosados por la capitana instructora son, a juicio del expedientado, “inmaculados” y se resumen en que “la definición de actividad sindical ha de ser el recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical”. Dentro de los cuatro apartados de que consta esta norma “no se encuentra el derecho de manifestación”.
Por tanto, según los argumentos de la instructora del caso, “la organización de manifestaciones no es exclusiva de los sindicatos, sino de cualquier organización de otro tipo como es una asociación profesional”. Considerando a AUGC desde esta denominación, “la propia ley reconoce su carácter reivindicativo”, en palabras del secretario de organización dirigidas a sus compañeros guardias civiles de toda España.
Agudo Martín-Cleto consideró, como es natural, “una buena noticia” esta resolución favorable del expediente abierto contra su persona, y espera “que se corresponda con la decisión del resto de instructores”, entre ellos el caso de Alberto Moya en Algeciras, quien recibió la notificación de apertura de este expediente el pasado 15 de enero.
Días después, el también guardia civil y secretario de comunicación de AUGC, Juan Antonio Delgado, recibía idéntica notificación y está también a la espera de la resolución del instructor que le corresponde.
En el caso de Alberto Moya, su compañero de formación José Encinas espera que la resolución del expediente “se conozca en esta misma semana” y se mostró esperanzado de que “sea del mismo signo” que el del agente que ejerce en Guadalajara, “ya que los hechos juzgados son los mismos que en el caso de Alberto Moya”. Para Encinas, la resolución positiva del caso para el guardia civil no es más que un ejercicio, pues, de coherencia.
Reivindicaciones
La razón que ha llevado a Alberto Moya, Juan Antonio Delgado y José Antonio Agudo Martín -Cleto -y algunos agentes más a lo largo y ancho de la geografía española- a contar con un expediente sancionador ha sido su reconocida participación en una manifestación, junto con representantes sindicales y agentes de la Policía Nacional, el pasado 18 de octubre en Madrid.
Lo que se pedía en aquella medida de protesta era, entre otras cosas, la equiparación salarial con las policías autonómicas.
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