“Nadie puede ver un examen mío si no se garantiza el respeto a la privacidad”, afirmó, aclarando que “sólo se puede dar a los interesados”.
Además, Ramírez defendió la legalidad del proceso de selección, al ser “una convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad”, y reiterando que Algesa “ no es una empresa pública, sino que tiene capital público, pero se rige por el ordenamiento jurídico privado”.
E
n contraposición, acusó a Sánchez Rull de realizar “contratos por libre, sin convocatoria”, durante su gestión en Personal, y calificó sus declaraciones como “una trama” que busca “confundir a los ciudadanos y crear malestar en los trabajadores”.
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