La Guardia Civil ha investigado a un hombre y a una mujer como supuestos autores de "la comisión por omisión de un delito de maltrato animal con resultado de muerte" tras localizar en una finca de Vinalopó Medio (Alicante) los cadáveres de cuatro caballos, ha informado el instituto armado.
De esos cuatro equinos, dos de ellos estaban en avanzado estado de descomposición y los otros dos cubiertos con plásticos.
En la misma propiedad también había tres caballos vivos, varias cabras y perros, todos ellos en condiciones deplorables, según ha señalado la misma fuente en un comunicado.
La investigación comenzó a mediados de noviembre pasado, cuando el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Monóvar (Alicante) recibió una información, gracias a la colaboración ciudadana, sobre una parcela situada en un municipio del Vinalopó Medio donde se encontraban animales en condiciones deplorables y algunos ya fallecidos.
En una primera fase, los agentes realizaron vigilancias discretas en torno al solar y constataron la presencia de animales en estado de abandono.
Posteriormente, y con la colaboración del veterinario de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Novelda (Alicante), se llevó a cabo una inspección del lugar. Durante el reconocimiento, los agentes hallaron los cadáveres de dos caballos tapados con plásticos y de otros dos en avanzado estado de descomposición. Además, en la finca había tres caballos vivos, junto a varias cabras y perros, "todos en condiciones inadecuadas", según la Guardia Civil.
Los informes veterinarios determinaron que uno de los caballos vivos debía ser sacrificado dado su estado crítico, mientras que el resto de los animales fue reubicado en otra parcela para salvaguardar su vida y garantizar su bienestar.
Los responsables de los animales, un hombre y una mujer, 50 y 43 años, respectivamente, han sido investigados por "la comisión por omisión de un delito de maltrato animal con resultado de muerte" y puestos a disposición del Juzgado en función de guardia de Novelda, ha indicado el instituto armado.
Según la Guardia Civil, se enfrentan a penas de cárcel de 3 a 18 meses, a una multa de 6 a 12 meses, y a una inhabilitación especial de 1 a 3 años para ejercer actividades relacionadas con animales y para su tenencia.
Además, han sido denunciados en virtud de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, debido a la situación de los ejemplares y por carecer de diversa documentación, así como por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, ante las condiciones sanitarias de la finca.
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