“Estoy destrozada. Llevo un mes yendo al médico con ataques de nervios. Me han echado a la calle”, cuenta Carmen Soto a las cámaras de 7TV Jerez. Es media mañana y acaba de entregar al agente judicial las llaves de de la que ha sido su casa en los últimos 42 años, en El Mopu, en la zona sur. Lo ha hecho “con mucho dolor” tras pasarse las últimas 24 horas embalando sus cosas, pero sin oponer resistencia. No quería problemas. “He luchado hasta donde he podido y ahora me veo en la calle por culpa de la Junta de Andalucía”, señala.
Ha sido una mañana complicada, de las peores que recuerda, pero ha contado en todo momento con el apoyo de sus vecinos, de los que ha sentido el calor en el último mes y medio, cuando comenzó esta pesadilla. A pocos metros, un furgón de la Policía Nacional para prevenir altercados y dos agentes apostados a las puertas del bloque. Finalmente, no han tenido que intervenir, aunque desde las ventanas les han llegado a lanzar manzanas y huevos. “Toda la barriada ha estado conmigo, muchos vecinos me conocen de toda la vida y han estado ahí apoyándome desde y al pie del cañón desde el minuto cero”, explica.
Aunque sabía que era complicado, no había perdido la esperanza en poder frenar el desahucio, como ya hizo la Plataforma Nacional por los Derechos Humanos a finales de febrero, consiguiendo un aplazamiento de un mes. “Son 42 años de mi vida aquí, me echan por una mala gestión por parte de la Junta de Andalucía”, apunta.
Como ya denunció a las puertas del Ayuntamiento la pasada semana, adonde acudió para pedir al Gobierno local que mediara, el origen de este conflicto no está en los impagos del alquiler social de estas viviendas públicas propiedad de la Junta de Andalucía, sino por la “falta de vínculo familiar” entre sus suegros, a los que se les asignó el inmueble en su día, y la pareja de Carmen, a la que habían criado como a un hijo desde pequeño. Carmen se fue a vivir con ellos hace cuatro décadas y se quedó con el matrimonio incluso después de morir su pareja a los 23 años en un accidente en una obra.
Para ella eran como su familia y por eso los cuidó hasta sus últimos días. Ha sido tras su fallecimiento, cuando han comenzado los problemas, pues la Junta no reconoce un documento firmado por un familiar directo de sus suegros en el que autoriza la cesión de la vivienda a su nombre una vez que ellos falten. “He vivido con mi marido y con mis suegros y este documento -con fecha de 1989- lo acredita, pero la Junta no lo reconoce y me ha tratado mal cuando he intentado arreglar esto. Ahora tengo toda mi casa tirada en la calle”, se lamenta.
Además de los vecinos, hasta El Mopu se han desplazado miembros de la Plataforma Nacional por los Derechos Humanos, encabezada por su presidente, Francisco Saavedra. “Hemos intentado todo”, se lamenta, tras cargar contra el personal de la Junta por cursar “un procedimiento malintencionado”, y no regularizar la situación de Carmen pese a llevar viviendo en esa casa más de 40 años. “Si lleva viviendo en esa casa desde antes 2012, se la tienen que adjudicar, y aunque fuese una okupa", precisa, aunque este no sea el caso de esta vecina”.
Disgustado por el final de esta historia, “el caso más injusto” en sus 20 años como presidente de este colectivo, cree que han conseguido “levantar la conciencia de muchos” y está convencido de que pronto habrá nuevos episodios en este mismo barrio. “Hay muchas viviendas de la Junta vacías y en las que están viviendo muchas familias con niños pequeños escolarizados. Verás la que se va a formar”, avisa.
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