La empresa municipal Comujesa, que presta servicios básicos tales como la ayuda a domicilio, el transporte urbano o el mantenimiento del alumbrado público, cerrará el presente ejercicio con una necesidad de crédito de algo más de 7 millones de euros. Además, para garantizarse el funcionamiento durante el año precisará de alrededor de 5 millones de euros.
Esas son al menos las conclusiones que cabe extraer de las estimaciones de gasto que se barajan en la referida empresa municipal, cuyo montante global va a experimentar un incremento notable a lo largo del año como consecuencia entre otras cosas de los convenios suscritos con diferentes colectivos de trabajadores.
Como ya adelantó este medio, el convenio firmado con el personal del servicio de ayuda a domicilio incrementa ese coste en casi 1,5 millones de euros, sobresaliendo la partida de complementos, que es de 1,3 millones. En el caso del personal que atiende el servicio de transporte urbano, fuentes municipales estiman que el incremento asociado al nuevo convenio ronda los 643.000 euros.
A todo ello hay que sumar que, con carácter general, debe aplicarse a todos los trabajadores, un incremento salarial del 2,5 por ciento contemplado en la Ley General de Presupuestos del Estado, que en el caso de Comujesa supondrá más de 800.000 euros de desembolso extraordinario para el Ayuntamiento.
La empresa municipal que atiende servicios públicos básicos incrementa por tanto su coste de personal en algo más de 2,9 millones de euros a pesar de haber cerrado el pasado ejercicio con pérdidas de 2,1 millones. Lo hace además careciendo de crédito para ello, ya que sigue funcionando en la práctica con los presupuestos prorrogados de 2022, que es un asunto sobre el cual han advertido todos los grupos de la oposición y que podría dificultar la capacidad de acción del propio Gobierno.
Entre las causas que justificarían las pérdidas acumuladas a lo largo del pasado ejercicio estarían –además del incremento salarial asociado al IPC contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que fue del 3,5 por ciento- se encuentran también “las contrataciones excesivas y sin control en todos los servicios”, según apuntan desde el entorno de la propia sociedad municipal.
Esas pérdidas “no se han repuesto”, por lo que tendrán que consignarse en algún ejercicio, convirtiéndose de algún modo en un lastre para una empresa municipal que sigue incrementando los gastos a un ritmo muy superior al de sus ingresos, condicionados en buena medida por un servicio de transporte urbano que presenta innumerables carencias y al que los jerezanos volvieron la espalda hace ya bastante tiempo.
Además de los incrementos salariales vinculados al IPC –a los que se han sumado los contemplados en los nuevos convenios- debe tenerse también en cuenta que el servicio de autobuses debe hacer frente a un gasto en combustible Diesel A y Gas Natural (GNC) que crece año tras año, así como a contrataciones de personal vinculadas a eventos especiales. A todo ello debe añadirse el sobrecoste originado por la reducción del precio del billete, cuyas bonificaciones tienen que ser parcialmente asumidas por el Ayuntamiento.
En el caso del servicio de ayuda a domicilio, se advierte de que el precio hora “está mal calculado”, una cuestión sobre la que ya se advirtió al propio Gobierno local, existiendo incluso informes al respecto. Así, mientras en los presupuestos se recoge un precio hora de 16,54 euros, en la práctica ese coste se eleva a 16,91 euros, lo que genera un notable desequilibrio al final del ejercicio.
En este escenario se da por hecho que las pérdidas al final del ejercicio serán similares a las del año pasado dado que “no se ha aumentado la consignación presupuestaria y se prestarán los mismos servicios”. Tampoco se ha consignado la subida del 2,5 por ciento recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni se ha vuelto a calcular adecuadamente el precio hora del servicio de ayuda a domicilio.
Sumando por tanto a las pérdidas que se arrastran del pasado ejercicio (2,1) las que se vayan a generar a lo largo del presente (2,1) y el incremento de los costes salariales vinculados tanto al PGE como a los nuevos convenios (2,9) se estima que la sociedad precisaría de alrededor de 5 millones de euros para garantizar su normal funcionamiento, una cantidad que se elevaría a algo más de 7 millones en el supuesto de que además se pretendiera sanear sus cuentas.
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