El Ayuntamiento de Jerez es el segundo de España en volumen de ‘facturas en el cajón’, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que hacen referencia al último trimestre del pasado ejercicio 2023.
Con 45,5 millones de euros de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA), el Consistorio jerezano se ve únicamente superado por el de Las Palmas de Gran Canaria (49,6), aunque también es cierto que la capital insular tiene 378.027 habitantes, por encima de los 213.233 de Jerez.
Por detrás se encuentran Torremolinos (43,7), Alboraia (31,4), Valencia (26,6), Marbella (16,9) o Madrid (15,8). Es especialmente significativo que el importe en ‘facturas en el cajón’ del Ayuntamiento de Jerez supere en 29,7 millones de euros al de la capital de España, a pesar de que cuenta con 3,3 millones de habitantes.
El único dato positivo que cabe extraer del último informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública es que en el último trimestre del pasado ejercicio el Consistorio jerezano recortó el volumen de OPA en 12,5 millones de euros, ya que en el periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre el importe de las ‘facturas en el cajón’ se había disparado hasta los 58,07 millones, siendo el mayor contabilizado desde 2018.
Ahora al menos ese volumen de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto se sitúa en parámetros similares –aunque algo superiores- a los que se registraban al cierre de 2022 (44,99). También es superior al consignado en el primer y segundo trimestre de este año pasado, que fue de 43,20 millones de euros en ambos casos.
El grupo municipal socialista ya ha advertido en reiteradas ocasiones de la aparición del “fantasma de las llamadas facturas en el cajón”, que a su juicio ha resurgido “con la vuelta de María José García-Pelayo al Ayuntamiento de Jerez”.
De hecho, su portavoz, José Antonio Díaz, aseguró hace escasas fechas que en el equipo técnico económico del Consistorio ya se habían “encendido todas las alarmas”, calificando la situación de “preocupante” sobre todo para las pequeñas empresas y autónomos “que han prestado un servicio” y a quienes “ni siquiera han reconocido las facturas”.
El PSOE ha aludido también de manera recurrente al dato de 2015, ya que el Gobierno de García-Pelayo “dejó 120 millones de euros en facturas sin reconocer y sin pagar que luego tuvo que meter en presupuesto y pagar el Gobierno socialista de Mamen Sánchez”.
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