Jerez

El PSOE lleva a los juzgados el pago de "sobresueldos" aprobado por el Gobierno local

Aluden a la falta de informe preceptivo de la Secretaría del Pleno y en la negativa de la alcaldesa a que se emitiera el informe

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  • María José García-Pelayo, presidiendo el Pleno municipal. -
  • "En todo el expediente no aparece informe de Intervención ni del secretario general que concluya sobre la adecuación de esta propuesta"
  • Diaz se ha referido a la "falta de transparencia de la Señora Pelayo y su equipo de Gobierno"

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso contencioso administrativo especial de protección de los derechos fundamentales de la persona contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Jerez por el que se aprobó la modificación de crédito del presupuesto para el “pago de sobresueldos, gratificaciones y productividades".

Nos parece inadmisible la arrogancia de la alcaldesa, que nos ha obligado a tener que presentar este recurso contencioso administrativo, judicializando este asunto innecesariamente

Según el portavoz socialista, José Antonio Díaz, los hechos que motivan el contencioso, presentado el pasado 2 de enero, tienen su origen en la falta de informe preceptivo de la Secretaría del Pleno a petición de un tercio de los concejales y  en la "negativa de la alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP a que se emitiera el informe".

El Grupo Municipal Socialista considera "inadmisible la arrogancia de la alcaldesa, que nos ha obligado a tener que presentar este recurso contencioso administrativo, judicializando este asunto innecesariamente, únicamente por el comportamiento antidemocrático y prepotente del equipo de gobierno que preside María José García-Pelayo".

Según argumentan, "la denegación del informe jurídico preceptivo adquiere relevancia por cuanto en todo el expediente administrativo no se contiene ningún informe ni de Intervención ni de secretario general del Pleno que concluya sobre la adecuación a la ley de la modificación del Presupuesto General, existiendo justo lo contrario, un informe del Interventor que califica la propuesta de discutible".

Como consecuencia, prosiguen, "la denegación de la alcaldesa Pelayo de la emisión del informe jurídico solicitado por los concejales del PSOE en ejercicio de su facultad legal ha supuesto una vulneración de sus derechos como concejales para poder representar de manera adecuada a la ciudadanía y poder velar por los intereses del Ayuntamiento, lo que determina que se haya producido la lesión de los derechos de participación política configurado en el art. 23 de la Constitución".

Diaz se ha referido a la "falta de transparencia de la Señora Pelayo y su equipo de Gobierno", y las "continuas fechorías utilizadas para impedir el ejercicio de la labor de la oposición". En este sentido, ha denunciado que "el Gobierno de Pelayo quiere silenciar a la oposición, las peticiones que formulamos por escrito no se contestan, y cuando lo hacen,  la contestación puede ser de lo más ridícula".

Díaz ha dicho que "el Grupo Socialista ha querido siempre hacer las cosas desde las buenas formas; sin embargo, ha llegado un punto que roza incluso el caciquismo y la prepotencia, con reiteradas actitudes “cortijeras” en la forma de presidir los plenos, y que atenta contra los derechos inviolables de la función que como concejales del ayuntamiento hemos de realizar y por lo tanto, no ha quedado otro camino que pedir amparo a la justicia".

 

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