El grupo municipal socialista ha anunciado que va a estudiar posibles acciones legales contra la alcaldesa, María José García-Pelayo, después de que el Pleno haya aprobado un procedimiento de modificación de crédito “sin informes que avalen su legalidad”, celebrándose además la sesión sin ofrecerse a los concejales “el informe preceptivo del secretario”, considerando por ello que se estaría incurriendo “en una infracción de trámite de acuerdo con lo establecido en la normativa”.
El PSOE “no da crédito” al hecho de que la alcaldesa haya realizado “un procedimiento en el Pleno municipal sin ningún informe de los habilitados nacionales que garanticen su legalidad”.
En este sentido, recuerdan que el Gobierno local agotó el crédito del capítulo de personal en el mes de octubre, aprobando modificaciones de crédito por importe de 4,7 millones de euros de los cuales de los cuales casi 2,5 van a destinarse al pago de productividades y gratificaciones a la plantilla municipal, fundamentalmente a la Policía Local (1,9 millones), recurriéndose para ello al Fondo de Contingencia.
Según los socialistas, “la ilegalidad queda acreditada con el informe del interventor, que califica la modificación de crédito como discutible”. De hecho, el grupo municipal socialista “presentó alegaciones que fundamentaba la ilegalidad del uso del fondo de contingencia para el pago de 4.7 millones de euros para sobresueldos”. No obstante, “la respuesta del habilitado nacional ha sido no pronunciarse sobre si el acuerdo cumple con la Ley”.
El PSOE “no se opone a que se paguen esas productividades, pero sí a que el mecanismo de aprobación del crédito sea por el Fondo de Contingencia, simplemente porque la ley no lo permite, y aún menos para el pago de sobresueldos”.
Ante esta modificación, el grupo municipal socialista presentó alegaciones al procedimiento “que tampoco han tenido una respuesta que avale la legalidad de este”.
Por eso en la tarde de ayer, los concejales socialistas, “y con la firma de un tercio de los ediles del Pleno, solicitaron un informe preceptivo al secretario del Ayuntamiento, para que antes de celebrarse la sesión esas dudas pudieran quedar zanjadas”.
El PSOE lamenta que la alcaldesa haya procedido “de manera autoritaria a la celebración del Pleno sin el pronunciamiento de ese informe preceptivo, vulnerando los derechos fundamentales de los concejales”.
Además, le acusan de incumplir el articulo 122.5 e) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que regula que cuando lo solicite un tercio de la Corporación Municipal, dichos concejales le amparan el derecho a que se emita un informe preceptivo de legalidad por el secretario del Pleno”.
Para el grupo socialista “la alcaldesa Pelayo vuelve a sus formas antiguas de saltarse los procedimientos legales de los trámites municipales, además de no tener el más mínimo respeto en las formas y los derechos que amparan a los concejales”.
El informe preceptivo solicitado al secretario debía pronunciarse jurídicamente antes del inicio del Pleno sobre la conformidad a la ley de la propuesta que iba a debatirse, “un hecho que no se ha producido”, desarrollándose la sesión sin el preceptivo informe.
De ahí que los socialistas hayan anunciado ya el estudio del inicio de posibles acciones legales contra esta forma de proceder.
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