¿Qué ha pasado con el protocolo de acoso escolar abierto en el instituto Elena García Armada tras la agresión con arma blanca de un alumno del centro a varios profesores y compañeros a finales de septiembre? Mientras la Federación de Asociaciones de Asperger de Andalucía anunció en sus redes sociales que se había cerrado, la Delegación territorial de Educación de la Junta en Cádiz insiste en que dicho proceso “sigue abierto y continúa su curso”. Una afirmación que niegan en el seno de la federación andaluza, desde donde aportan más detalles. En concreto, se remiten a la reunión que mantuvo el pasado 16 de noviembre la directora del instituto con los padres del alumno detenido por los hechos, que permanece interno en un centro de menores de la provincia a la espera de juicio.
En dicho encuentro, les informaron del resultado del proceso iniciado en el centro a partir de entrevistas a compañeros, profesores y los pertinentes informes por parte de los monitores de apoyo, orientadores, entre otros pasos, en estos casi dos meses transcurridos desde el grave episodio. “Le pusieron por delante el papel de que se iba a archivar y la familia del menor firmó como no conforme”, precisa a VIVA JEREZ el presidente de la Federación de Asociaciones de TEA / Asperger en Andalucía, Rafael Jorreto. Ahora los progenitores del alumno internado en un centro de menores, que han dejado de forma explícita su desacuerdo con la resolución del expediente, pueden presentar sus alegaciones a la Inspección Educativa con copia del cierre de dicho expediente exponiendo las razones de su desacuerdo, un trámite que no se descarta habida cuenta del malestar que ha causado esta decisión.
“El protocolo lo ha abierto y lo ha cerrado la directora -matiza para referirse al instituto-, otra cosa es que ahora ante el revuelo la Delegación diga ahora que no se ha cerrado”, reitera Jorreto, que desvincula el proceso judicial abierto por Fiscalía de los pasos que se han dado en el instituto desde que se produjo este incidente. Donde sí debe intervenir Inspección, recalca, es el paso número 12 y último, para evaluar todas las medidas y actuaciones adoptadas.
Fue también tras este suceso cuando la Federación Asperger Andalucía se reunió con la consejera de Educación, Patricia del Pozo, a quien le trasladaron su preocupación por lo ocurrido. “Le dijimos que esto no podía ser, que no se abrían protocolos de acoso, porque en los centros son reacios a hacerlo y el protocolo tiene que ser preventivo, si se abre después al final se utiliza como una herramienta defensiva para que los directores se cubran las espaldas”, expone. Del Pozo, a la que le plantearon proyectos para favorecer recreos inclusivos y le propusieron instalar cámaras en las zonas comunes de los centros educativos, les cifró en 1.500 el número de protocolos de acoso escolar abiertos en Andalucía, y les dijo que de esos “solo el 20% son realmente de acoso”.
Desde la Federación de Asperger también censuran que los protocolos de acoso no contemplen “ninguna medida excepcional” cuando hay alumnos con necesidades especiales implicados. “Las respuestas de una persona con discapacidad cuando son acosados pueden ser exageradas por su capacidad para defenderse y eso el protocolo en Andalucía, que es de los peores, no lo contempla”, concluye.
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