Ecologistas en Acción ha expresado su rechazo a la posibilidad de que la Comisión mixta creada entre la Junta y el Ayuntamiento para legalizar construcciones enclavadas en los núcleos rurales no implique coste alguno para quienes en estas últimas décadas han usurpado vías pecuarias.
La organización entiende que el coste económico que pudiera suponer las modificaciones y nuevos trazados de esas vías, una vez desafectadas, debería ser sufragado “por los beneficiarios que pasarán a ser propietarios de los suelos ocupados desde hace décadas”.
Ecologistas creería “inadmisible” que “unos pocos” se quedaran con un suelo “que es de todos” sin pagar “cantidad alguna a la sociedad como legítima propietaria”.
Así, la desafectación de los terrenos ocupados, “si así se justifica por el interés de consolidar esos hábitats diseminados, en ningún caso podrá hacerse sin una modificación del trazado de la vía pecuaria, habilitando para ello un trayecto alternativo que le dé continuidad, respetando todas sus funciones complementarias y ecológicas”.
Y ese es precisamente el coste que deberían asumir quienes vienen ocupando esos suelos, a quienes no se puede “donar gratuitamente” una titularidad pública, más aún cuando partimos de la base de que los hipotéticos beneficiarios de esta medida habrían “cometido actos ilegales con obras de ampliación y consolidación posteriores”.
Por ese motivo, Ecologistas en Acción advierte de que estos particulares no deberían ser “premiados” con una “transmisión gratuita de terrenos” cuando “el resto de la sociedad ha de pagar por el suelo en el que compra sus viviendas”.
En el supuesto de que la Junta de Andalucía aprobase esas cesiones “sin requerir a los ocupantes la aportación de terrenos sustitutivos como trazado alternativo de vía pecuaria, estaría incurriendo “en una flagrante ilegalidad”, ya que se vulneraría la legislación protectora del dominio público pecuario, “suponiendo actos de malversación de bienes públicos y provocando una absoluta discriminación con el resto de ciudadanos”.
En 2009, la organización ya trasladó a las administraciones públicas un amplio informe en el que denunciaba con un completo dossier fotográfico “el progresivo deterioro de estos espacios públicos”, a pesar de lo cual “apenas se ha intervenido” desde entonces, observándose incluso un “aumento” de esas “irregularidades”.
Ecologistas en Acción ha documentado cómo “propietarios de parcelas y fincas han incorporado parte del trazado” de esas vías pecuarias a sus propios terrenos, denunciando igualmente la parcelación, ocupación y construcción en suelos públicos.
El colectivo habla de casos en los que los propietarios han llegado a “absorber” hijuelas y cordeles poco transitados, que otras veces son ocupados “por personas que quieren tener su huerto de fin de semana o su cabaña para criar animales”, cuando hablamos de un suelo “de todos del que se benefician solo ellos” gracias entre otras cosas a que “quienes deben velar por su protección permanecen sin actuar”.
Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la reciente comisión mixta a abordar estos asuntos, mostrando su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones, “teniendo siempre como guía el respeto a la legalidad que hace de nuestras vías pecuarias un patrimonio a proteger y a rehabilitar”.
Por ese motivo, se hace “necesaria la continuidad de sus trazados y el respeto a sus funciones principales y complementarias de ocio”.
Para la organización “ha llegado el momento de no seguir escondiendo este problema y de abordarlo con decisión, antes de que el medio rural termine por degradarse aún más y, con ello se pierda la oportunidad de poner en valor como fuente de riqueza y como factor de desarrollo rural estos corredores ecológicos y culturales que son las cañadas”.
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