El Gobierno local no va a modificar los salarios de la alcaldesa y demás integrantes de la Corporación municipal para este nuevo mandato.
Los sueldos serán aprobados esta próxima semana en el denominado Pleno de Organización, que es el que tiene potestad para aprobar el coste de la estructura política del Consistorio.
El salario anual de la alcaldesa, María José García-Pelayo, será de 74.135,35 euros, que es justo la misma cantidad que percibía su antecesora, Mamen Sánchez. Lo mismo ocurrirá con los tenientes de alcaldesa, que mantendrán los 57.867 euros que venían cobrando en el mandato anterior.
Por su parte, los delegados municipales percibirán 52.517,09 euros, una cantidad idéntica a la anterior.
El Ejecutivo que preside García-Pelayo ha propuesto un sueldo de 43.782,44 euros para los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Vox y La Confluencia, el mismo salario que en este pasado mandato.
Donde sí se aplica una ligera subida es en el salario de los viceportavoces de los grupos de la oposición, que pasa de 32.754,94 a 36.000 euros.
A estas cantidades deben sumarse las que corresponden al funcionamiento de los grupos municipales.
La propuesta del Gobierno local supone un ahorro aproximado de 80.000 euros. Aún así, el salario de los secretarios de cada grupo municipal se equipara al de los asesores, siendo en ambos casos de 32.754,94 euros.
Además, se contempla que PP y PSOE dispongan de un asesor por cada cuatro concejales, renunciando el grupo popular a uno de ellos.
De este modo, los grupos popular y socialista contarían con un secretario de grupo y un asesor, y los grupos municipales Vox y La Confluencia dispondrían de un secretario.
Tal y como se contempló en el acuerdo del Pleno de Organización de 2019, la asignación a los grupos municipales se actualizará conforme al IPC.
El Gobierno local entiende que la propuesta es “justa, sensata y proporcionada” y pretende garantizar el trabajo de todos los grupos políticos de la Corporación en función de su representatividad en el Pleno, en el marco de su compromiso de mantener una relación fluida y de consenso con el resto de formaciones.
La propuesta obedece a una “proporcionalidad objetiva” y se sustenta precisamente en el “interés” del Ejecutivo de “facilitar el trabajo a la oposición” a pesar de contar con “una amplia mayoría”.
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