Un centenar de responsables del sindicato de funcionarios CSIF se han concentrado este martes en Madrid para mostrar su preocupación y exigir al Ministerio del Interior más medidas de protección después de que un trabajador de la cárcel de Zuera (Zaragoza) y delegado de este sindicato recibiera un sobre explosivo en su sede provincial.
Representantes locales, provinciales, autonómicos y de los diferentes sectores públicos del sindicato como la Sanidad, Educación, Justicia o de prisiones han mostrado frente a la sede central su solidaridad con el funcionario de prisiones que el pasado miércoles recibió una carta sospechosa en la delegación provincial de Zaragoza a su nombre.
El afectado, según ha explicado a EFE al término de la protesta el responsable sindical de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, decidió llevarlo a la prisión de Zuera, donde al pasarlo por el escáner se detectó que tenía cables en su interior, por lo que fueron alertados los Tédax de la Guardia Civil, que explosionaron el artefacto sin registrarse heridos.
Aunque el ataque está siendo investigado por la Audiencia Nacional, Vilas ha denunciado que el Ministerio de Interior no ha contactado ni de modo particular con el funcionario de prisiones ni con su organización para explicarles la situación.
"Los hechos han demostrado, una vez más, que los trabajadores de prisiones no solo sufren agresiones dentro de los centros, sino que también son objetivos de bandas terroristas y del crimen organizado”, ha subrayado Vilas, que, en principio, descarta, que detrás de este ataque esté un recluso de forma particular.
No obstante, el responsable sindical ha solicitado una reunión con el secretario de Estado de Seguridad para que les informe del avance de las pesquisas y para trasladarle la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las prisiones y elaborar un protocolo de actuación.
También ha querido aprovechar para recordar que se mantienen bloqueados dos asuntos relativos a mejoras de condiciones salariales y laborales de los funcionarios de prisiones como son la consideración de que sean agentes de la autoridad, iniciativa que está "parada" en el Congreso, y que se firme el preacuerdo firmado en verano con Función Pública para aumentar salario a estos trabajadores.
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