La sesión de plenos celebrada ayer en el Ayuntamiento de San Roque ofrecía varios asuntos polémicos a tratar. Mucho se había hablado en los últimos días de la propuesta de cambio en la gestión del agua, que podría suponer una privatización del servicio; así como de la auditoría, con fines de abrir una comisión de investigación, pedida por el Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) acerca de las supuestas irregularidades en la gestión de Emadesa.

En la primera de estas dos cuestiones, se aprobó la propuesta municipal con los votos a favor de Partido Popular (PP), PIVG y USR. junto con la concejal no adscrita Rosa Macías. PSOE votó en contra, en consonancia con sus declaraciones de los últimos días, alegando que la privatización del servicio del agua supondrá el establecimiento de un canon y el consecuente encarecimiento de los servicios. El PA se abstuvo.

Preguntado acerca de esta cuestión, el secretario local del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, manifestó que se va a consumar una operación de 5,4 millones de euros que será “pan para hoy y hambre para mañana y que con ella Palma y sus socios de gobierno dilapidarán el patrimonio sanroqueño iniciando un expediente venta del agua que dará peor calidad en el servicio, va a provocar que una empresa genere beneficios y se lleve calentito el dinero”.Trabajadores de Arcgisa acudieron también al Pleno mostrando su disconformidad con la medida aprobada ayer por el pleno municipal. El alcalde, Fernando Palma, garantizó que no se iban a perder puestos de trabajo y que no se iban a subir las tarifas del agua.

El portavoz de PIVG, Jesús Mayoral, citó ejemplos como el de Sotogrande y Pueblo Nuevo, donde indicó que el agua “es más barata” y que el Ayuntamiento sigue manteniendo un control indirecto sobre el servicio y puede evitar cualquier intento de abuso.

Emadesa
Otro asunto caliente que se trató en el Pleno fue el de la petición de PIVG de una auditoría a la empresa Emadesa, al entender que en su gestión habían tenido lugar irregularidades y ocultaciones de cantidades en el balance. PP, USR y Rosa Macías lograron rechazar la moción, que tuvo los votos a favor de PSOE, PIVG y PA.

Posteriormente, Palma presentó una contrapropuesta para encomendar a la comisión municipal de Economía y Hacienda un informe sobre la situación económica de Emadesa y medidas a adoptar. Se aprobó la urgencia, con el voto en contra del PSOE, y luego la moción, con votos en contra del PSOE y el PIVG. Este último partido reiteró que había habido “un intento de boicot” de USR al intentar supuestamente llevar la discusión a la empresa, y que no se discutiese en sesión plenaria.

Además, debido a la retirada de la empresa concesionaria de la limpieza en la zona norte, el Ayuntamiento propuso asumir temporalmente al personal para prestar este servicio. Se aprobó con la abstención del PSOE.
Se aprobó por unanimidad también el Plan de actuación en el casco de San Roque, en el que se prevén 20 millones de euros de inversión en los próximos 10 años.

Del mismo modo, se aprobaron innovaciones varias del PGOU que supondrán la edificación de más de 330 viviendas en San Enrique de Guadiaro, al menos 31 de las cuales de VPO.

Presupuestos
El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, reiteró ayer su opinión de que el rechazo a los presupuestos del Ayuntamiento para 2010 manifestado el martes por la formación política a la que representa no supone una crisis en el seno del equipo de Gobierno, y volvió a culpar a USR de impedir el acuerdo en base a los supuestos privilegios de sus concejales.

Al mismo tiempo, se mostró dispuesto a una rectificación de la postura de su grupo si se dan las condiciones oportunas. “Aprobaremos ese presupuesto si se corrigen las deficiencias legales, por un lado, y otras partes de alegaciones, como por ejemplo que se hagan repartos más justos. Respecto a la primera cuestión, lo que a su entender resta legalidad a los presupuestos, “quitar a los asesores de USR y eliminar los coches oficiales, salvo el del alcalde, será suficiente”. Recordó, asimismo, que el propio documento tiene “un reparo de legalidad”.

Por su parte, el PSOE entiende que los presupuestos aprobados recortan un 54 por ciento en el área de empleo y supondrán, asimismo, “la definitiva muerte de la Universidad Popular” con una partida “ínfima”.